Aguas de Barcelona y Gavà acuerdan el protocolo para afrontar la pobreza energética

Raquel Sánchez e Ignacio Escudero - @i_escudero

La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, y el director general de Aguas de Barcelona, Ignacio Escudero, han firmado hoy el protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética. El objetivo es garantizar el agua a aquellas personas que no puedan pagar por falta de recursos económicos, en aplicación de la Ley 24/2015.

El protocolo, que tiene una vigencia de cuatro años, establece el procedimiento a seguir para garantizar el suministro a las personas que lo necesitan. 

El documento indica que antes de cortar el suministro, Aguas de Barcelona deberá solicitar un informe a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gavà para determinar si la persona titular de la póliza o su unidad familiar se encuentra en una situación de riesgo de exclusión residencial. En caso de que sea así, se garantizará el suministro de agua así como las ayudas necesarias.

El protocolo se suma a las medidas puestas en marcha desde hace cinco años por Aguas de Barcelona por no cortar el agua a quien no la pueda pagar. Además desde 2012 la compañía dispone de unos Fondo de Solidaridad para ayudar a pagar el consumo del Agua, un fondo que se gestiona en coordinación con los servicios sociales de los municipios metropolitanos provistos por Aguas de Barcelona, entre ellos Gavà.

La alcaldesa se ha referido a la estrecha colaboración entre ambas instituciones para hacer frente a las situaciones de pobreza energética que se dan en la ciudad agradeciendo "la sensibilidad social de Aguas de Barcelona hacia los colectivos más vulnerables".

Sánchez ha añadido que "con este protocolo reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando juntos y establecemos el procedimiento para asegurar que no se procederá a realizar el corte de suministro a las familias de Gavà que lo necesitan y que tienen un informe de los Servicios Sociales acreditando su situación. La tarea que se hará desde el Ayuntamiento no se limitará a la emisión de estos informes sino que también se hará un asesoramiento a las familias beneficiarias de las ayudas para un consumo energético más eficiente".

Ignacio Escudero, por su parte, ha coincidido en que "hoy plasmamos en un documento una práctica que hemos sido capaces de salir adelante de la mano del Ayuntamiento, marcarnos dentro de las exigencias de la Ley 24/2015 y terminar de consolidar administrativamente este procedimiento". 

Escudero ha puesto de relieve el papel del Ayuntamiento y en concreto de los Servicios Sociales "porque son los que tienen la capacidad de discriminar a quien hay que dirigirse una ayuda como éste, los que conocen el municipio y la problemática de las familias".