El Estado obligará a los nuevos dueños de CELSA a vender el 25% a un inversor industrial

El terremoto provocado por el cambio de dueños de la compañía Celsa, decretado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), sigue generando muchas incertidumbres en sindicatos y en el propio Gobierno de España, que obligará a los nuevos dueños, fondos acreedores, a vender el 25% de la empresa a un inversor industrial.

Este es uno de los requisitos que ha impuesto el Estado y que reclaman desde todos los sindicatos, para autorizar la toma de control por parte de Deutsche Bank y Attestor. Este traspaso del 100% del capital llega por el impago de la deuda de la familia Rubiralta, fundadora y anterior dueña de la empresa. Estos requisitos establecidos a las empresas estratégicas de España, pretenden asegurar y proteger los intereses propios por encima de los de los fondos extranjeros.

El principal temor del gobierno es la inexperiencia de los nuevos fondos en la gestión de un capital industrial como  Celsa. La nueva gestión de la empresa que unida a la comarca del Baix Llobregat recae en Deutsche Bank, Attestor, Sculptor, Golden Tree, SPV, Capital Group y Cross Ocean, todos ellos con un perfil empresarial ligado al sector financiero, razón por la cual el Estado exige que entre en el accionariado un nuevo actor con un 25% del capital, que equivaldría a más de 500 millones, que consista en un fondo de capital con vocación industrial.

Celsa, con una de sus sedes en Castellbisbal, ha sido calificada como una de las empresas estratégicas de España y desde el Estado se piede a los nuevos dueños que se comprometan a permanecer en catalán hasta 5 años, que es lo que suelen hacer los fondos de inversión.

DESDE UGT PIDEN QUE ES "FUNDAMENTAL ASEGURAR LA VIABILIDAD DEL GRUPO CELSA"

El sindicato UGT también exige al Gobierno que "haga servir la posibilidad que tiene para asegurar que el Grupo Celsa va a conseguir en la práctica lo que dice la teoría de la sentencia", aseguró el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

"El Estado tiene que hacer valer su posición de que es una empresa estratégica y autorizar una operación de las características que pedimos a partir de que el capital español sea predominante", y  matizó que "en todo caso, lo que no queremos es que quede en manos de grupos de inversión que sólo buscan hacer la inversión, obtener rentabilidad y salir porque de lo que se trata es que tenga duración en el tiempo", ha afirmado Álvarez en un comunicado

A la incertidumbre del grupo Celsa, que se teme que pueda afectar a sus más 1.250 trabajadores en el Baix Llobregat, se suman también los distintos EREs planteados en Bayer, en Sant Joan Despí y Roca de Gavà y Viladecans, que afectará a una cuarta parte de su plantilla.

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