El PP de Gavà se opone a la subida de impuestos aprobada en el Pleno
La portavoz del grupo municipal, Mónica Parés, lamenta que “ninguna de las 8 revisiones de tasas se haya hecho para reducirlas o congelarlas"
El Partido Popular de Gavà ha expresado "el firme desacuerdo" con la actualización de las ordenanzas fiscales aprobadas de forma inicial en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento celebrado el pasado martes. El Pleno del Ayuntamiento de Gavà ha aprobado de forma inicial las ordenanzas fiscales para 2025, actualizando 8 como el IBI o la tasa de basura, con el objetivo, según el equipo de gobierno, de “ hacer frente al incremento continuado de los precios en los últimos años y por cumplir con la obligación legal de aproximar las tasas a los costes reales de los servicios que se prestan”.
Según el teniente de alcaldesa de Servicios Generales, José Manuel Vara, “nuestra prioridad es mantener y mejorar unos servicios públicos de calidad y cercanos, garantizar la fortaleza y sostenibilidad de las finanzas municipales para avanzar en la mejora de la ciudad y reforzar la protección de las personas y familias. Y al mismo tiempo, contener el impacto de los cambios en la fiscalidad municipal sobre los contribuyentes”.
La portavoz del grupo municipal, Mónica Parés, lamenta que “ninguna de las 8 revisiones de tasas se haya hecho para reducirlas o congelarlas, todo lo contrario, impuestos tan impopulares como el IBI, que ya se van incrementar un 9% el año pasado, ahora se encarece un 4,7% más, lo que se traduce con una mayor presión fiscal para los vecinos y vecinas de Gavà. Además, no se ponen en marcha bonificaciones ni incentivos para los colectivos vulnerables y se crean nuevas tarifas que equiparan obras mayores con menores”.
Parés asegura que “el tema más grave es el incremento de la tasa de basura que el año pasado ya subió un 30% y ahora se aplicará un 20% más lo que supone un 50% en dos años, y lo hacen argumentando que les obliga a Europa con la normativa de fomento del reciclaje, cuando la realidad es que hay muchas formas de poder cumplirla, como se ha optado en otros países, para que sea más justa. Aquí Sánchez ha tirado por el derecho y dice que los ayuntamientos deben cubrir la totalidad de los costes del servicio si no serán sancionados”.
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