¿Viviendas sociales para quién?

La vivienda es uno de los grandes problemas con los que se encuentra este país y los que más preocupa a la ciudadanía por la escasez en el parque de alquiler y los precios desorbitados para la compra con hipotecas - muy cara, hace imposible acceder a las mismas-. Los colectivos más afectados: los de bajos ingresos, los jóvenes, pero también las personas mayores. El problema no es nuevo, quizás por eso se ha hecho crónico, agravándose cada vez más sin que momento se hayan buscado soluciones reales, solo parches para mitigar, pero insuficientes.

Este domingo, en el marco de la clausura de la Convención Municipal del PSOE, el presidente del Gobierno y líder socialista anunciaba que este martes el Consejo de Ministros va aprobar la movilización de hasta 50.000 viviendas de la SAREB a precios asequibles para alquiler. Además, se ha comprometido a elevar del 3% al 20% la vivienda pública en España.

Un anuncio, en principio importante, pero hay varias incógnitas a aclarar: en qué zona de España están situadas las viviendas?. ¿Está pactado con la SAREB que sea así? ¿A quienes van destinadas las mismas: jóvenes, familias…? ¿Cuándo se habla de asequibles, de cuánto dinero se está hablando?

Cuando el presidente del gobierno habla de aumentar el porcentaje del 3 al 20% de viviendas destinadas a viviendas sociales. ¿A qué tipo se refiere? Porque la música suena muy bien, pero la letra debería ser muy clarita. La mayoría de la gente piensa que vivienda social significa precios bajos y para los bolsillos con menos ingresos. Eso no es del todo cierto, porque en “viviendas sociales” se enmascara todo. Las viviendas de “protección oficial”, también conocida como VPO, es aquella que va destinada a favorecer a los compradores con las rentas más bajas, lo que favorece que el precio sea inferior a la de la vivienda libre. Hay que reunir una serie de condiciones para poder acceder. Luego están las Viviendas de Protección Pública (VPP) cuya diferencia con las VPO es que en estas es la administración quien las gestiona. En cambio, en las VPP es un ente privado, aunque los beneficiarios deben cumplir requisitos similares.

Las VPO tienen una superficie de máximo de 90 metros, en algunos casos inferior - en las VPP son de 110 metros cuadrados ampliables a 150 en caso de familias numerosas-. Dentro de esta categoría se pueden incluir la Vivienda Pública de Precio Básico (VPPB) y la Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), ambas sujetas a un precio máximo legal de venta, aunque esta última deberá construirse en suelo destinado de forma expresa para ello.

Los precios, aunque por debajo de mercado, no suelen estar al alcance de muchos. Como se puede comprobar, la vivienda social en España tiene diversos nombres en función de su grado de protección y su régimen (protección oficial, VPO, VPPA, vivienda protegida, etc.).  lo cual complica conocer qué es realmente una vivienda social. 

En España hay actualmente unas 290.000 ”viviendas sociales”. De ellas, 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y otras 110.000 viviendas son de titularidad municipal. No son unas cifras como para tirar cohetes, más bien lo contrario. 

Los ayuntamientos y las comunidades autónomas disponen de suficientes terrenos propios como para construir viviendas públicas, y para eso disponen de empresas públicas. De esa manera se pueden controlar los precios. Pero eso no lo están haciendo, más bien todo lo contrario: se están vendiendo los terrenos públicos a empresas privadas para construir grandes bloques de pisos con la trampa de que un porcentaje pequeño de pisos se destinen a “vivienda social”. Y ahí entra todo el entramado del tipo de viviendas sociales, con precios que no están al alcance de las personas que realmente lo necesitan porque sus salarios no llegan al exigido para acceder a ellas. Hay que dejar claro que el precio de una vivienda social debe ser el coste real de la misma y que estas las construyan las administraciones locales y autonómicas. Los terrenos propiedad de las instituciones, es decir de la ciudadanía deben revertir en ella, no en los bolsillos de las grandes constructoras. Eso debería ser la política de los que gobiernan sean del partido que sean, especialmente de los que se dicen de izquierdas y sus políticas sociales son lo primero. ¿De verdad?

También las cooperativas de los sindicatos que han construido viviendas “sociales” - ¿siguen construyendo?- viviendas “sociales”. La UGT, por ejemplo, lo hizo en su día por la Villa Olímpica - también en otras zonas y poblaciones- y en uno de los bloques construidos sus propietarios son dirigentes ugetistas y de algún que otro diputado. Claro que sus sueldos “daban” para esa exigencia de “viviendas sociales”.

Lo anunciado por Pedro Sánchez está muy bien, pero también sería bueno clarificar y simplificar el tema de “viviendas sociales “ que no está nada, pero que nada claro.