Fue el 4 de mayo de 2016 cuando la Guardia Civil y la polícia judicial registraban el Ayuntamiento de Viladecans por el caso INIPRO que tiene su origen en una denuncia presentada por la CUP con el entonces alcalde, Jose Félix Ballesteros , suspendido de militancia desde mayo de 2020 por el PSC.  Casi cinco años después el juzgado de Tarragona ha incoado nuevas diligencias tras las cuales tendrán lugar las declaraciones de los imputados en su pieza de Viladecans.

También realizaron registros en entidades mercantiles, en despachos profesionales y en domicilios particulares. Desde entonces la UDEF no ha dejado de investigar a los imputados y sus necesarios colaboradores, que del inicial susto se han recuperado gracias a sus cargos “ad hoc” creados dentro del organigrama del consistorio viladecanse y contando con el total respaldo público de las diferentes ejecutivas del PSC de Viladecans.

El 17 de noviembre las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario, tuteladas de nuevo por el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, dado que en septiembre de este 2020 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Gavà cuyo titular es el juez Rubén Vallejo González al que fue derivada la pieza de Viladecans valoró que debía ser el su compañera de Tarragona quién asumiera la responsabilidad del juicio y las diligencias necesarias.

El Juzgado número de 8 de Gavà toma declaración a los primeros investigados del caso INIPRO Viladecans

Tras recibir esta respuesta era la jueza, Chantal Prieto heredera del caso que instruyó Joaquin Elias hasta su finalización quién ha decidido aperturar nuevas diligencias y ha pedido nuevos informes sobre Viladecans, pero también se resolvió en sede judicial que la competencia recaía  en el Juzgado número 8 de Gavà. Por ello no se  procederá a abrir el juicio de esta pieza hasta revisar la documentación y volver a  tomar declaración a los imputados y testigos.

Según ha podido saber Vilapress el juez instructora tras tomar declaración a imputados y testigos ha decidido mantener como investigadas a 12 personas. Todas ellas han solicitado el archivo de la causa y el juez ha dado recientemente traslado a Fiscalía y, si lo considera, proponga diligencias a practicar. 

LA HEMEROTECA DEL CASO INIPRO

Cabe recordar que en mayo de 2016 la Guardia Civil y la Policía Judicial entró en el Ayuntamiento de Viladecans, además de en el de Tarragona, Palau-Solità i Plegamans en el marco de la 'Operación ANFITEATRO', pieza del Caso Inipro. 

Según informó en su día, la Guardia Civil, se investigaba entonces delitos tan graves contra la administración pública en el marco de una operación que se inició a finales de 2015.Las entradas y registros se realizon en el Ayuntamiento de Tarragona para acceder al servidor y obtener datos de uno de los detenidos, en los Ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans, en dos mercantiles en Barcelona y Viladecans, en un despacho profesional en Viladecans y otro en Reus, y en los domicilios de los cuatro detenidos en la operación.

En concreto, los detenidos fueron el empresario, R.C, entonces director de la empresa INIPRO, y que falleció seis meses después del registro de la UDEF en octubre de 2016. Enrique Miró, consultor y un cargo público -el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Viladecans, Joaquín Guerrero- que dimitió de todos sus cargos públicos y políticos, unos días después del registro el 7 de mayo de 2016. Aunque ha seguido todos estos años participando en los actos públicos de su agrupación, el PSC de Viladecans, desde su imputación y pese a la misma sigue trabajando en el consistorio con un sueldo de categoría directiva creado “ad hoc” para él.

La Guardia Civil requerió al Ayuntamiento de Viladecans cinco expedientes administrativos menores, cuatro correspondientes a contrataciones con la empresa Iniciativas y Programas (Inipro) y uno correspondiente a una provisión de bolsa de trabajo. Cuatro de los expedientes son de procedimientos de contratación ganados por Inipro en los años 2008, 2009 y 2011, y el quinto es un expediente correspondiente a un proceso de provisión de bolsa de trabajo. Durante el registro, estuvo presente el entonces primer teniente de alcalde y responsable del área de Economía, Joaquín Guerrero, que llegó incluso a ser detenido, durmió en el calabozo y puesto el libertad con cargos unos días después.

El consistorio de Viladecans públicamente se puso a colaborar con el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona en la investigación sobre los contratos a la empresa Inipro, cuya cantidad más baja rondaba los 30.000 euros. Y además creó una comisión informativa junto a los grupos de la oposición que dinamitó ERC que sacó a la luz sus conclusiones como Grupo Municipal sin esperar a la reunión final del grupo de trabajo en marzo de 2017 pese a declarar ante la opinión pública que ellos habían denunciado el caso ante la Oficina Antifrau de Catalunya pero sin éxito alguno. Tras el humo de esta puesta en escena republicana que dinamitó el trabajo colectivo político en un claro gesto de oportunismo político al llegar el pleno de conclusiones el único grupo municipal que pidió la dimisión directa del alcalde de Viladecans por su clara responsabilidad política fué Viladecans Sí Se Puede. En una práctica política extendida de mucho ruido y pocas nueces.

La mayor parte de estos contratos que pidió la UDEF fueron firmados bajo el mandato de la exTeniente de Alcalde, María Salmerón, retirada de la primera línea política y que actualmente trabaja en el sector privado de Viladecans, pero cuya ex pareja, con las pilas muy cargadas, continúa coontribuyendo con su trabajo en las llamativas praxis urbanisticas de Viladecans. El Ayuntamiento afirmaba entonces en la nota de prensa remitida a los medios  “su confianza de que la información facilitada a la Guardia Civil satisfaga los requerimientos judiciales y sea de utilidad para aclarar los hechos investigados”. Algo que no ocurrió en la Comisión Informativa del Caso Inipro, donde en sus conclusiones finales, todos los grupos políticos de la oposición, a excepción de los que conformaban el equipo de Gobierno PSC y ICV-EUiA y los concejales no adscritos, protestaron públicamente sobre las dificultades de acceso a la información, pese al insistente trabajo realizado por la presidenta de la misma, la líder de C’s, Carolina Torres.

EL PSC SUPENDIÓ DE MILITANCIA AL EX ALCALDE DE TARRAGONA

Tras estar a las puertas del juicio los concejales del PSC de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros y Begoña Floria, fueron suspendidos de militancia del PSC tras aceptar el partido su baja voluntaria que presentaron una vez la Audiencia de Tarragona confirmó que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por el caso INIPRO. Esta medida sólo afecta a su situación orgánica en la formación pero ambos continuarán como concejales del grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona, hasta que haya sentencia. Según marcan los estatutos del PSC, una vez hubiera empezado el juicio automáticamente habrían quedado suspendidos de militancia.

Algo que probablemente acabe ocurriendole al imputado socialista viladecanense, Joaquín Guerrero, que acude cada año a participar de las actividades de su agrupación local. ¿Lo hará también en este 2022?. ¿Habrá imputados sorpresa en la apertura de juicio?. ¿Deseará también Joaquín Guerrero llegar pronto a juicio  después de conocer que serán los Juzgados de Gavá quienes inicien la apertura de pieza al inhibirse el de Taragona?. ¿Dirá la verdad en su declaración ante la Jueza?. ¿Qué imputados sorpresa nos deparan la diferentes piezas?

Seguiremos informando...