El Colegio Goar de Viladecans acata la sentencia del menor acosado y la familia espera ser indemnizada

El caso de J.M., un niño que denunció el acoso escolar que sufrió durante cinco años en el Colegio Goar de Viladecans, ha vuelto a poner sobre la mesa cómo los protocolos de acoso están fallando en los centros educativos ante el bullying. A pesar de haber sido condenado judicialmente por no activar correctamente los protocolos de protección demandados por el Departament d'Educació de la Generalitat. 

Según ha podido saber VilaPress, el colegio no apeló la sentencia judicial, por lo que esta automáticamente sería firme y, según las declaraciones del padre del menor, "el centro se niega a pagar la multa impuesta", lo que ha llevado al abogado de la familia a solicitar una ejecución del caso para poder "cubrir al menos los gastos de tratamiento psicológico del niño", explica José Manuel, padre de la víctima.

Cinco años de maltrato impune

J.M. llegó a España desde Brasil con solo siete años y desde el primer momento fue objeto de insultos y vejaciones por parte de sus compañeros. “Le llamaban gordo y sudaca”, relata su padre, quien recuerda con dolor cómo su hijo pasó de ser un niño feliz a vivir con miedo cada día. "Él intentaba encajar, ya que siempre ha sido un niño muy querido, pero aquí era imposible", explica el padre.

Un caso de violencia física y mental que se dio durante años ante la inoperancia del centro y sus responsables. "A mi hijo le rompieron los cuatro dedos del pie de un pisotón y las gafas de un puñetazo", contaba el padre. Un extremo al que nunca se hubiera llegado si el centro hubiese tomado medidas. Ante esta situación, la familia intentó mediar con el centro educativo pidiendo una "reunión urgente con el director, el profesor y los padres de los otros niños" para abordar el caso de extrema necesidad. La única respuesta que recibió la familia fue la de posponer constantemente dicha reunión. "Nos daban largas todo el rato", explica el padre. Jose Manuel, incrédulo ante la pasividad del centro, nos confirma la sospecha que todos tenían una vez llegados a ese punto, "actuaron con mala conciencia", añade el padre.

Al ver la inoperancia del colegio, José Manuel decidió tomar la palabra, una vez más. "Hablé con las madres de los dos niños a la salida del colegio y una sí que puso remedio a lo que estaba haciendo su hijo", pero la otra le dio una respuesta fría y distante. "No me cuentes tus historias; si tienes quejas, habla con el colegio", parece ser que le contestaron.

Una condena judicial sin cumplimiento

La resolución judicial ha sido clara: el Colegio Goar es responsable de no haber aplicado los protocolos de acoso escolar exigidos por el Departament d’Educació. Sin embargo, a pesar de que el centro no ha apelado la sentencia, según la familia afectada, "se niega a pagar la multa impuesta por la justicia".

"Queremos justicia, no dinero", asegura la familia, que denuncia que su hijo ha perdido "la mejor etapa de su vida" por culpa del acoso. Por otro lado, la familia pide que el colegio cumpla con la sanción para poder costear al menos el tratamiento psicológico del menor, que sigue costando cientos de euros cada mes en el intento de lidiar con las secuelas del maltrato recibido.

Desde el centro siguen negando los hechos según la familia del menor

Desde el Colegio Goar, la actitud ha sido siempre la misma: negar cualquier responsabilidad. “El director escondía la verdad”, sostiene el padre, quien lamenta la falta de respuesta por parte del centro. Solo cuando el caso comenzó a tener repercusión mediática, el colegio emitió un comunicado a los padres donde aseguraba "no ser responsable de lo ocurrido bajo otra dirección".

Mientras tanto, J.M. y su familia siguen esperando justicia. Un caso que, más allá de la sanción económica, refleja la indefensión de muchas víctimas de acoso escolar y la necesidad urgente de que los centros educativos cumplan con su responsabilidad para proteger a los menores.

El Colegio GOAR admite que no ha recurrido la sentencia por lo que se dice en ella

El Colegio GOAR ha querido dar su versión de los hechos a Vilapress y en este sentido afirma que "En primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y la cura de las personas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad. La seguridad y el bienestar del alumnado es incuestionable y la base de nuestro trabajo diario".

Además afirmar en su comunicado "contamos con los protocolos necesarios para identificar y tratar cualquier situación irregular que se produzca en el marco de la escuela y que garantizan que la escuela es un entorno seguro. Aun así, trabajamos constantemente para mejorarlos e implementar otras iniciativas que garanticen su protección, así como la promoción de una convivencia positiva".

Para añadir también que "En los últimos años, hemos incorporado iniciativas como la Comisión de Convivencia, la participación en el programa contra el acoso escolar, de la Fundación FC Barcelona, a primaria o el proyecto Improva, de apoyo al bienestar emocional, a secundaria. Nuestra política es de tolerancia cero ante los posibles casos de acoso".

Con relación al caso concreto de este menor afirman "la sentencia atribuye la situación actual del niño a sus vivencias, incluyendo el tiempo que pasó en la escuela, a pesar del seguimiento riguroso que se hizo de la situación, la aplicación de las medidas establecidas según los protocolos y el acompañamiento próximo y constando del equipo docente. En este sentido, el centro no recurrirá la sentencia". Además, confirman "la voluntad de pagar del centro" una vez reciban el requerimiento judicial.

Finalmente, han querido reiterar, una vez más "el apoyo a cualquier persona víctima de acoso de cualquier tipo. Y no queremos olvidar, la tarea comprometida y dedicada del claustro para garantizar, en todo momento, el bienestar de nuestra comunidad."

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