Municipios de la AMB recurren la subida de precios de les Aigües Ter Llobregat

Eloi Badia (AMB) y Sergi Mingote (FMC) han recurrido el incremento del precio del agua.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consorci Besòs-Tordera y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) interpondrán esta semana un recurso contencioso-administrativo y pedirán la suspensión cautelar de la subida del 11,8% de la tarifa del agua en alta de Aigües Ter Llobregat (ATLL).

Lo han anunciado el vicepresidente de Medio Ambiente del AMB, Eloi Badia, y el presidente del consorcio y vocal del comité ejecutivo de la FMC, Sergi Mingote, después de que el consejo de administración de la Agencia Catalana del Aigua (ACA) aprobara en diciembre este incremento del 11,8% de la tarifa del agua en alta de ATLL.

Esta subida, que si se aplica supondrá una media de un euro por familia al mes, afecta a 166 municipios y a cerca de cinco millones de ciudadanos, han destacado, y la han tachado de injustificada y desproporcionada porque está por encima del IPC y porque el contrato de ATLL está pendiente de sentencia, por lo que su situación jurídica "no avala esta subida", según Badia.

Critican que la subida no responde a ninguna mejora del servicio y que carga el encarecimiento de un servicio indispensable a los entes locales y a la ciudadanía: "La presión se traslada al mundo local, y el mundo local la deberá trasladar en gran parte a la mayoría de ciudadanos", ha lamentado Badia, que ha dicho que la subida implica unos diez millones de euros en el área metropolitana.

Mingote ha coincidido en lamentar que se genera una presión al ámbito municipal que se traducirá en un incremento de precios para los ciudadanos, que empezarán a notar el incremento en el recibo del agua a partir de marzo si no se suspende cautelarmente, ha detallado a preguntas de los medios.

El Tribunal Supremo (TS) emitirá próximamente el fallo sobre los recursos presentados a la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de la adjudicación del contrato de gestión de ATLL, que la Generalitat adjudicó en 2012 para los siguientes 50 años a un consorcio que pagó 1.000 millones de euros por ello.