Cornellà condena los cortes de luces de Endesa

El ayuntamiento de Cornellà de Llobregat ha condenado la actitud Endesa por la que ha cortado el suministro eléctrico a varios vecinos del municipio que se han opuesto a cambiar su contador por un equipo telegestionado como ya han denunciado en la oficina del consumidor del consistorio. 

En un comunicado, a pesar de reconocer que los vecinos no pueden negarse a la sustitución de los contadores para que la UE obliga a sustituirlos antes de diciembre de 2018, desde el consistorio lamentan que la compañía eléctrica opte por dejar sin un servicio básico como es la luz en las familias que se oponen. 

En este sentido, el ayuntamiento recuerda que en noviembre de 2016 aprobó una moción al pleno municipal donde instaba el Estado y la Generalitat a detener la instalación de estos aparatos hasta que se demostrara la inocuidad para la salud, la protección de datos y la transparencia en la gestión 'de los nuevos contadores. Una demanda, añaden, que hasta ahora no se ha tenido en cuenta.

La situación actual es que, acercándose al plazo marcado por la normativa estatal, Endesa Distribución Eléctrica está empezando a realizar cortes del suministro eléctrico a las viviendas que se han opuesto a un cambio de contador, dejando a las familias sin un servicio básico como es la luz.

Desde el consistorio también se considera grave que no se haya valorado por parte del Estado la resolución del parlamento catalán donde se requería garantizar respetar las recomendaciones del Consejo de Europa, sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente así como su impacto en las personas.

La idoneidad de estos nuevos contadores telegestionados y esta normativa fueron contestadas por la plataforma Stop Contadores, que recibe el apoyo de diversas entidades vecinales y municipalistas (Convafc, FAVBaix, ACM, FMC, entre otros). Sus movilizaciones y gestiones con el Parlamento de Cataluña propiciaron la aprobación de la Resolución 746 \ / XI, donde se solicitaba que el proceso de cambio de contadores se realizara con las garantías sanitarias y medioambientales legalmente establecidas, de acuerdo con la normativa europea, y garantizando los derechos y protección de los consumidores.