El secreto es uno de los mejores aliados para llevar a efecto la violación de los derechos humanos. Los gobiernos se escudan en muy diversas formas para ejercer la opacidad y no dar explicaciones de muchas decisiones, gastos, acuerdos, o violaciones de los derechos. El velo del secretismo se ha utilizado tanto en sistemas democráticos como en dictatoriales, y ha conseguido que las democracias se alejen de sus principios y que las dictaduras se asienten en sus atrocidades.
Desde los orígenes de la democracia el virus del secreto se enquistó como un organismo nocivo que debilitaba el control y ejercía como fuerza para aumentar el poder. La información se parcelaba, o se disfrazaba, para que la opinión pública no pudiera entrar en juego. Hay tantos casos en nuestra historia pasada y presente que no se precisa poner un ejemplo. La mayor ironía la puso en evidencia la Guerra Fría debido a que dichas prácticas lo único que produjeron no fue proteger la seguridad nacional, sino socavar los procesos democráticos. Se practicó tal secretismo que invadió toda la Administración Pública, contaminando finalmente más al sistema democrático que lo que pretendía defender.
Stiglitz nos recuerda que la información obtenida en el desempeño de la función pública con dinero público es propiedad de lo público, y pone como ejemplo los muebles, los edificios y otros bienes físicos que utiliza el gobierno. Usar esa “inteligencia pública” en exclusividad sin control de instituciones independientes es tan grave como cualquier otra apropiación de los bienes públicos.
Así, cuando los resultados no son los esperados, o son adversos para el gobierno de turno, en ese contexto de confabulación secreta se ocultan o se transforman, por eso los secretismos tienden a alimentar la opacidad en las decisiones públicas, hasta que se consigue romper ese círculo vicioso.
Por otro lado, es la puerta de entrada de los intereses particulares como el camino para llegar con facilidad a los favores del poder a cambio de financiar campañas electorales o actividades políticas, como estamos comprobando en la mayoría de las democracias; y denunciada por Transparencia Internacional como uno de los primeros síntomas de los sistemas corruptos.
La nueva ley de Contratación Pública en su artículo 137 exige que se solicite a los Consejos de Transparencia un informe preceptivo para cuando se utilicencláusulas de confidencialidad o se exija la no publicación (secreta) de alguna clausula o condición del contrato público con el objeto contratado con una empresa. Soy consciente que no es un terreno pacifico por las connotaciones que tiene con los derechos de la protección de datos, pero debe valorarse cada situación y examinar donde prima más el derecho a saber de la ciudadanía por cuestiones que afectan a los gastos públicos y las decisiones públicas y el derecho a proteger la actividad privada de la economía. Casos como las cuestiones comerciales y patentes tienen su vía especial, pero hay otras muchas cuestiones que hay conflicto entre lo público y lo privado. Ejemplos los tenemos en el medio ambiente, construcciones públicas, comunicaciones, sanidad, y tantos otros.
El secretismo también es un elemento pernicioso en la economía privada, porque cuando es practicado por los Consejos de Administración o la Gerencia para manejar en su favor información que por múltiples razones potencia su posición dentro de la compañía, y en algunas ocasiones para sus propios intereses, es nefasto para los intereses de los que no participan. El secretismo en la actividad privada siempre conlleva un aumento en los costes e impide la toma de decisiones con integridad e independencia. No podemos olvidar en estas consideracionesa las decisiones económicasni a las financieras, porque en lo que afecta al sistema financiero y al sistema monetario internacional es esencial impedir que ciertas medidas no conozcan la luz y luego tener que asumir las consecuencias de la opacidad en sus decisiones. La crisis económica y su gestión nos ha dejado una amarga experiencia, y en este sentido los Bancos Centrales, nos dice Stiglitz, no deben escudarse en una protección de información, que precisamente lo que exige es mucha transparencia, porque la transparencia nunca puede ser una opción, sino una obligación.
Nuestro mundo, en su visión pública y privada, vive un vertiginoso cambio de gestión por las nuevas tecnologías, y no puede ser gobernado sin participar la ciudadanía, para ello el electorado debe estar más informado que en cualquier otro momento de la historia. No conocemos la mayor parte de las cosas que nos van a pasar, porque es imposible descubrir el futuro que nos inquieta, por eso lo más inteligente es que no se oculte el presente que vivimos, y defendamos que la información es de todos los ciudadanos, y viviremos más seguros. ¡Tú decides!
José Molina
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