A la espera de una sentencia sobre el caso Inipro a dos años de la detención de Joaquín Guerrero

Hace dos años, un 4 de mayo del 2016, la Guardia Civil se presentó en el ayuntamiento de Viladecans para registrar la sede, llevarse unas cuantas cajas de papeles, y al primer teniente de alcalde y primer secretario del PSC de Viladecans, Joaquín Guerrero. 

Ese día está marcada para muchos en la localidad. Es la fecha del inicio del caso Inipro, una investigación sobre las actuaciones llevadas a cabo por el equipo del gobierno y el conglomerado de estas empresas que llevaban el nombre que da nombre a la causa judicial, los grandes beneficiados de los concursos en el ayuntamiento "amigo".

El equipo de gobierno no esperaba que llegara ese día porque, por entonces (y aún ahora) el ayuntamiento era el cortijo de unos cuantos. La dedocracia, la imposición, la falta de transparencia e información siguen formando parte de este ayuntamiento, como pasaba entonces. Pero desde entonces han trabajado con más cautela, pero de manera distinta.

Desde entonces, la instrucción del caso ha sido larga porque igual que afectaba a Viladecans las ramas del entramado de la empresa Inipro y el PSC se vio que llegaban hasta Tarragona. En Viladecans también se abrió una comisión de investigación que para muchos fue mucho resultó ser una carrera de obstáculos en el que a mayoría de grupos de la oposición expresaron en pleno fue una constante la “queja sobre la falta de diligencia del equipo de gobierno municipal en la entrega de la documentación que se solicitaba reunión tras reunión”. Habitualmente se “entregaba documentación incompleta” y continuamente “fuera del plazo estipulado por los miembros de la comisión”.

En las conclusiones de esta comisión sobre el caso Inipro salieron a la luz muchos detalles del trabajo realizado por los grupos municipales de la oposición. Entre ellos que en el mismo informe elaborado por los entonces secretario e interventora municipal de Viladecans se dan ejemplos de "supuestos" fraccionamientos del objeto de los contratos y se "visualizan contratos menores y negociados sin publicidad que se han ido repitiendo en el tiempo para evitar la concurrencia y la publicidad" en el ayuntamiento de Viladecans.

Pero eso no es todo, parece ser que presuntamente hubo supuestos casos de puertas giratorias entre trabajadores de Inipro y el PSC y entre 2011 a 2015 el grupo ganó todos los concursos o negociados del ayuntamiento de Viladecans a los que se presentó. La única excepción es el año 2012, si bien en aquel ejercicio facturó el 99,2% del total posible. Lo mismo sucedió de 2007 a 2010 cuando prácticamente ganó todos. Los concursos a los que se presentó con porcentajes de facturación muy similares a los de 2012. En el periodo 2007-2015 el grupo ingresó 23.640.068 euros del consistorio de Viladecans. El único grupo político que pidió responsabilidades políticas al actual alcalde, Carlos Ruiz, fue VILADECANS SÍ SE PUEDE, quién con un informe de conclusiones de más de 50 páginas, el más extenso no dejaba lugar a dudas que existíán "posibles" 

Pasado estos dos años, Guerrero sigue acusado de los delitos de alteración de subasta en concurso público y de tráfico de influencias, entre otros por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Además, como medida cautelar el alto tribunal catalán le obligó a comparecer cada mes ante el juzgado y tienen prohibido abandonar España, por lo que tienen retirado el pasaporte.

El juzgado de Instrucción de Tarragona ya ha tomado declaración a los últimos testigos del caso el pasado 19 de marzo de 2018 y según informa el propio TSJC se está pendiente de que dictamine el procedimiento a seguir, aunque varias fuentes apuntan que finalmente, el caso Inipro llegará a juicio.

Dos años de la primera detención, una comisión de investigación, unas medidas cautelares y una falta de resolución muy esperada por los ciudadanos de Viladecans que están a la espera de poner luz sobre un caso que pesa a los ciudadanos de esta población del Baix Llobregat y a su ayuntamiento.