Los ayuntamientos son jueces y parte de las demandas de la ciudadanía y siempre ganan ellos

Las personas que presentan cualquier demanda o reclamación contra los ayuntamientos o cualquier administración pública, en el 99% de los casos, las pierden. Si quieren llegar más lejos porque las resoluciones las consideran injustas, ha de rascarse el bolsillo y pagarse un abogado que presente una demanda al juzgado correspondiente. Las administraciones, los servicios jurídicos los tienen gratis y puede seguir recurriendo todas las veces que quiera. Si no le llegan con los abogados que tienen en nómina, son unos cuantos, pues contrata un bufete, lo pagan y se acabó, no tienen problema con los recursos, no los pagan de sus bolsillos.

Cuando un ciudadano no está de acuerdo con una multa que le han impuesto los agentes municipales, hacen un escrito para explicar que la misma es injusta. ¿Quién resuelve sobre el mismo? El propio ayuntamiento que se convierte en juez y parte. Por eso, tiene más fiabilidad la palabra de un agente, en muchos casos chulo, prepotente y conocedor de que tiene la sartén por el mango, que un ciudadano de a pie. El "infractor" tiene que demostrar que lo que dice es verdad. ¿Cómo demuestra que el policía local no le deja hablar, lo trata con malos modos y encima le entrega un papel con una multa de 200 euros y le quitan cuatro puntos de su carnet por "desacato" a la autoridad?,  ¿El guardia urbano no tiene que demostrar nada? ¿Vale más su palabra que la del ciudadano que paga  sus impuestos y con estos el salario de los hombres de Anselmo?

Mientras esto sucede, ¿qué hacen los Sindics locales para denunciar que esta fórmula de juez y parte no es justa, ni transparente? ¿Dónde están los derechos de la ciudadanía?, ¿en los despachos de abogados, si el agraviado tiene dinero para pagarlo? Si no dispone de el, que se encomiende a San Judas Tadeo para ver si le concede el milagro de que su petición sea considerada como justa y entre en ese 1% de ciudadanos que han conseguido que le den la razón, con abogado incluido.

Esta situación de indefensión en la que se encuentra tanta gente ya es hora de que vaya cambiando. Si esto continúa así, la credibilidad de las instituciones con esa autoridad que le conceden, por el artículo 25, de ser juez y parte quedará más que nunca en entredicho. Es hora de modificar las cosas que no funcionan, los ciudadanos también tienen razón, aunque no se la quieran dar. El abuso de autoridad, el ordeno y mando es propio de otra etapa que parecía olvidada