Más de 16.400 mayores han fallecido en residencias de toda España

Las cifra de fallecimientos de personas mayores en las residencias a lo largo y ancho de toda la geografía española hiela la piel, pero sin saberse las cifras oficiales, a pesar de que las CCAA las facilitaron hace un mes al gobierno central.

Ante tal tamaño de fallecimientos en centros residenciales por Covid-10 la Fiscalía General del Estado tiene abiertas más de 140 investigaciones penales sobre residencias de mayores por la vía penal y 175 más por la vía civil.  

Un total de 17 juzgados de toda España, 6 de ellos en Madrid, tienen abiertas ya causas penales para determinar si hubo irregularidades relacionadas con la gestión de la pandemia de Covid-19 en las residencias de mayores. En cuanto al número de diligencias penales abiertas por la Fiscalía y aún no judicializadas, el número total se acerca a 140, de las que unas 65 se localizan sólo en Madrid y otras 24 en Cataluña.

Intenta averiguar que es lo que ha sucedido en algunas residencias de mayores en relación con la pandemia. Los datos suben cada semana porque los familiares se han empezado a movilizar y están dispuestos a llegar hasta el final, para averiguar que ha pasados con sus seres queridos y por qué. 

La mayoría de las investigaciones de la Fiscalía responde a denuncias presentadas por particulares, generalmente familiares de los residentes o trabajadores de los centros. 

Además, Vox presentó denuncias en todas las fiscalías provinciales, que dieron lugar a la apertura de investigaciones aunque muchas de ellas se han archivado por falta de indicios de delito.

Si una investigación del Ministerio Público tiene suficiente entidad, se presenta al juzgado. Al mismo tiempo, si un juzgado abre una causa sobre esos mismos hechos, la Fiscalía debe cerrar sus pesquisas de forma automática y remitir todo lo que tenga al juzgado. También se cierran las investigaciones de los fiscales si no se dan indicios de que se detecta que los hechos denunciados tengan entidad penal.

En España existen aproximadamente 5.457 residencias, entre públicas y privadas, según los datos facilitados por el Ministerio Fiscal. 

Junto a las investigaciones por hechos que puedan constituir delito, la Fiscalía también tiene encomendadas tareas de seguimiento sobre la situación de las residencias. Por esta vía civil hay también más de un centenar de expedientes abiertos.

El peso de las investigaciones penales sigue recayendo en la Comunidad de Madrid, donde la Fiscalía Provincial ha incoado 58 diligencias de las que hay que restar no obstante las que se han acumulado en un único procedimiento por estar dirigidas contra una misma residencia y las que ya han pasado a manos de un juez. A ellas se suman 8 diligencias de investigación por parte de la Fiscalia de Móstoles-Fuenlabrada, 6 en el área de Getafe Leganés y o otras ocho por la fiscalía de Alcalá de Henares.

En cuanto a los casos ya judicializados, se mantiene abierta la instrucción penal por parte de los jueces de instrucción número 51, número 12, número 48 y número 42 de Madrid, a los que se suman el juez de instrucción número 1 de Navalcarnero y número 2 de Alcobendas.

En Catalunya se mantiene el número de diligencias respecto a semanas anteriores, como son la decena que tramita la fiscalía provincial de Barcelona, cuatro por la Fiscalía de Granollers, 1 en el área de Manresa-Igualada, 5 en Sabadell, 1 en Terrasa, 2 en Mataró y 1 en Tarragona. Tres jueces ya investigan en Sabadell y Cerdanyola del Vallés.

Le siguen por número de diligencias Castilla La Mancha, con un total de 14 diligencias fiscales que se tramitan en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara; además de distintas causas abiertas por jueces de Albacete y La Roda.

En Castilla y León se suman otras 11 diligencias penales tramitadas por fallecimiento de residentes, negligencia y omisión de medios de tratamiento y diagnóstico por las fiscalías de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, León, Valladolid, Segovia y Zamora; además de cuatro causas ya a manos de jueces en Burgos, Soria y Ávila.

En Extremadura se mantienen abiertas dos diligencias de investigación en Cáceres y otras dos en Badajoz (en cada una de estas provincias aún siguen vivas las causas impulsadas por Vox que en otras zonas ya han sido archivadas).

El número vuelve a subir en Galicia con un total de 12 casos por supuesta situación de maltrato a residentes en Lugo y Orense, en uno de los casos por denuncia del terapeuta del programa de atención psicológica a víctimas de violencia de género. A ellas se suman otras diligencias en Santiago de Compostela y La Coruña y una causa penal ya tramitándose en un Juzgado de Cangas.

En cuanto a Aragón, acumula 2 diligencias penales, una de ellas presentada por Vox que sigue viva en Zaragoza mientras que la misma denuncia en la fiscalía de Huesca ha sido archivada por su carácter genérico, al igual que ha ocurrido con la iniciativa de esta formación en otras fiscalías españolas.

En Canarias hay dos diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía en la zona de Arrecife-Puerto del Rosario.

En Cantabria continúa en trámite la presentada por el partido político antes citado, al igual que ocurre en Islas Baleares y en La Rioja. 

No se contabilizan diligencias en trámite -las que hubo en su día ya fueron archivadas- en Andalucía, Valencia, País Vasco, Navarra y Asturias.

TAMBIÉN HAY ABIERTAS DILIGENCIAS CIVILES

Por otro lado, la Fiscalía mantiene en trámite muchas de las diligencias civiles incoadas para tener un "conocimiento puntual de las necesidades" en residencia y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española, en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.

Así, se ha registrado un leve repunte con respecto la semana pasada, cuando se contabilizaron un total de 192 actuaciones, de las cuáles 176 siguen en trámite y 16 han sido archivadas. Según el recuento difundido por la Fiscalía este martes, en total hay 202 actuaciones, de las cuales, 16 han sido archivadas, por lo que 185 continúan vivas.

Catalunya sigue siendo la comunidad que más investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad tiene abiertas, siendo el total 86. De estas, una de ellas se archivó y otras tres se transformaron en diligencias de investigación, estando una de ellas ya cerrada.

En Castilla y León se han incoado 25 diligencias civiles (2 archivada); 20 en Comunidad Valenciana (a las que próximamente se sumarán otras 4); 16 en Andalucía (1 archivada); 9 en Castilla-La Mancha, de las cuales tres están pendientes de archivo; 4 en Aragón; otras 4 en Madrid; 3 en Cantabria; 3 en Canarias (una archivada); 2 en Navarra; 1 en La Rioja y 1 en País Vasco. La Fiscalía no había abierto hasta el momento ninguna diligencia civil, siendo esta semana cuando se han incoado dos.

El Ministerio Público incluye además dentro de las diligencias civiles otras actuaciones relativas a discapacidad, comunicaciones o centro de menores, como se aprecia en Galicia, donde se han registrado 16 diligencias, de las cuáles siete se han archivado. Entre ellas hay una relacionada con un centro de menores, otra por residuos sanitarios, otra por comunicación con la Fiscalía General del Estado y otras dos que fueron incoadas por la denuncia de un partido político o por un escrito de una asociación.

En Extremadura, donde hay pendientes de incoación nuevas diligencias de control de residencia, según advierte el Ministerio Público, se han contabilizado 8 diligencias civiles, pero sólo cinco siguen en trámite. De las tres actuaciones archivadas, una era una diligencia de discapacidad. Por último, en Murcia, se han incoado 2 diligencias, una de ellas por el fallecimiento de una persona de 27 años.

PABLO IGLESIAS CARGA LA RESPONSABILIDAD SOBRE LAS CCAA

Este domingo el Vicepresidente, Pablo Iglesias, ha hecho unas declaraciones que levantarán mucha polvareda entre las CCAA y que no parecen ni causales ni inocentes ante este panorama tan desolador de personas mayores fallecidas por Covid-19 en centros residenciales públicos y privados.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado  y  defendido que el Ejecutivo, lo que hizo el pasado 19 de marzo fue "reforzar a la única autoridad que tiene competencia en las residencias de ancianos que son las comunidades autónomas".

En concreto, ha indicado que les pidieron "por escrito que situaran las residencias como prioritarias"  y  convirtieran a los trabajadores de las residencias "en servicios esenciales y que facilitaran las condiciones de contratación para que contrataran más personal".

"Pusimos bajo su control el 75% de las residencias privadas, dimos 300 millones de euros a la administración de Isabel Díaz Ayuso, a la de Emiliano García-Page, de todos los presidentes autonómicos, para que gastaran en personal para cuidar a nuestros ancianos", ha afirmado Iglesias, sin despeinarse al tiempo que ha añadido que van a seguir haciendo lo mismo, es decir, "dar más poder a las comunidades autónomas para que cumplan con su labor".

Añadiendo que "tenemos que trabajar todos juntos  y creo que hay un consenso transversal a todas las isdeologías, que necesitamos una sanidad pública mucho más fuerte. Las privatizaciones han sido un fracaso", ha zanjado.

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