En tiempos complicados y cuando la gestión es más que dudosa hay determinados partidos políticos que buscan otros sistemas para tapar su incompetencia. Para alcanzar sus objetivos no dudan en utilizar cualquier artimaña que cale en determinada parte de la ciudadanía. Es el llamando populismo barato que tanto daño está haciendo en la política española. Los hay de derechas y de izquierdas, no nos engañemos, y juegan con las necesidades, las frustraciones y los sentimientos de las personas.
El tema de la ocupación de viviendas y los desahucios está a la orden del día y se ha convertido un tema recurrente para algunas formaciones políticas, incluso para aquellos que forman parte de gobiernos y que bajo la excusa de defender a los desahuciados o a los que ocupan viviendas, buscan el rédito electoral por medio de las desgracias y penurias de muchas personas.
Quienes ocupan viviendas, los hay que tienen necesidad, pero no también los que se aprovechan y hacen negocio de ello. Se han constituido auténticas mafias que se aprovechan de la situación para llenarse los bolsillos de euros manchados de sufrimiento, sin importarles nada más que sus finanzas. Es una nueva forma de explotación.
Hay propietarios de viviendas que las han adquirido ahorrando y a cambio de grandes sacrificios. Siempre pensando en sus hijos o en el futuro como complemento a sus pensiones. ¿Son ricos esos propietarios? No. Son trabajadores que han dedicado mucho años trabajando más horas que un reloj. Lo que poseen se lo han ganado con el sudor de su frente y con sus manos, nadie les ha regalado nada.
Ahora, aprovechando que la pandemia y la crisis se están cebando con todos, especialmente con las familias más vulnerables, viene Pablo Iglesias a salvarlos y dice que hay que cambiar las leyes para que no los echen a la calle. Eso está muy bien, pero como dicen algunos pequeños propietarios, ¿por qué tienen que ser ellos los perjudicados, mientras las distintas administraciones echan balones fuera y los propietarios sigan pagado también los distintos impuestos? ¿Qué responsabilidad tienen las distintas administraciones? Pues parece que ninguna, según se puede comprobar cada día, cuando la Constitución dice en su Artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
¿Quién avala a los propietarios frente a los Okupas y los inquilinos que no pagan? ¿Por qué siguen las mafias campando a sus anchas?
Con la demagogia que utiliza el partido morado en este tema, cabría preguntarle a Pablo Iglesias y a su mujer, Irene Montero, si en las distintas viviendas que poseen tienen alojadas a personas que lo necesitan o los tienen alquilados a precio de mercado. Y si tan solidario es, como es que en la casa de invitados que tiene en su casoplón de Galapagar no puede alojar a alguna familia, espacio tiene para ello, porque nada es tan contagioso como el ejemplo. La propiedad privada tiene que ser respetada en un Estado de Derecho y las administraciones deben velar por los más desfavorecidos y proteger también al resto de la ciudadanía, para que este país no se convierta en una Venezuela dos, porque al final, como dice Mafalda, no nos faltan recursos, sobran ladrones.
Escribe tu comentario