Un Juzgado de Cornellá condena a una empresa a usar el catalán con sus clientes

Etiquetar y atender en catalán/ @EP

Ahora ha comenzado a preocupar a las empresas que los jueces esten empezando a condenarlaspor negarse a utilizar el catalán tras conocerse un litigio contra Securitas Direct.

En el acuerdo extrajudicial, la compañía líder en soluciones de seguridad para empresas, con más de 18.000 empleados en todo el país, aceptó todas las demandas para evitar enfrentarse a un juicio y al consiguiente desgaste mediático ante la opinión pública.

El caso de  Securitas Direct ha sido el primero en el que un juez ha establecido la obligación de poner a disposición de los consumidores los contratos en catalán, lo que ha alarmado a numerosas empresas en Catalunya.

La normativa nacional impone al menos el castellano, y una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha avalado -con algunas modificaciones- la Ley del Código de Consumo de Catalunya que desde 2010, obliga a que, en virtud del artículo 128.1, ciertos artículos, entre los que se encuentra también la ropa, dispongan de los datos obligatorios del etiquetado y los manuales de instrucciones en catalán.

Hasta ahora, las denuncias no iban más allá del procedimiento administrativo según la Agencia Catalana de Consumo que  abrió  un expediente de diligencias previas contra Zara por no etiquetar en catalán. El procedimiento se inició también a raíz de una denuncia de la Plataforma per la Llengua. De todo ello desde hace unos meses, las principales marcas de Inditex etiquetan por primera vez sus productos, la mayoría prendas de ropa, en la lengua cooficial.

En cambio, otras grandes compañías no han decidido cambiar su política lingüística a pesar de las continuas presiones que están recibiendo de la Generalitat y de las asociaciones en defensa del catalán como Mango o Desigual. Por el momento, no incluyen el catalán en el etiquetado.

PARA EUROPA ETIQUETAR SOLO EN CASTELLANO SE AJUSTA A LA NORMATIVA COMUNITARIA

Muñeco Lego/ @Lego

Cabe recordar que la Agencia Catalana de Consumo  ha admitido a trámite otra denuncia de la Plataforma per la Llengua contra Playmobil y Lego por negarse a utilizar el catalán. Las multinacionales de juguetes se niegan también, por ahora, a utilizar el idioma cooficial a pesar de las presiones que reciben en Catalunya.

Pero en la Comisión Europea opinan que los juguetes que se venden en Catalunya no deben estar etiquetados en catalán. Es una de las conclusiones de la Comisión Europea a preguntas de los eurodiputados de ERC, Jordi Solé y Diana Riba, sobre "las obligaciones legales de las empresas en relación con el etiquetado de los productos para su venta en Catalunya". 

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, recordó a ambos que el etiquetado sólo en castellano de algunas empresas que venden en la comunidad se ajusta a la normativa comunitaria.

Los parlamentarios republicanos han formulado esta cuestión al Ejecutivo comunitario después que la entidad Plataforma per la Llengua se dirigiera al fabricante Lego para comunicarle que, de conformidad con el Código de consumo de Cataluña (Ley 22/2010), en CataluNYA es obligatorio el etiquetado en catalán. 

En su respuesta el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, les explica que según la Directiva 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes, los fabricantes e importadores garantizarán que los juguetes vayan acompañados de las instrucciones y de la información relativa a la seguridad "en una o varias lenguas fácilmente comprensibles para los consumidores, según lo que decida el Estado miembro".

En el caso de España, explica que la directiva ha sido transpuesta por el Real Decreto 1205/2011, que solo establece que las instrucciones y la información relativa a la seguridad estén redactadas al menos en castellano. A petición de Bruselas, el Gobierno precisó que ese decreto y otras sentencias del Tribunal Constitucional obligan a los fabricantes y distribuidores de juguetes de España a etiquetar sus productos "al menos en la lengua nacional española ('castellano'), aunque ello no les impide utilizar otras lenguas, como el catalán". "Esta posición parece coherente con las disposiciones pertinentes de la directiva", concluye el comisario Breton en su respuesta parlamentaria.