La nueva estrategia contra la COVID-19: pruebas diagnósticas solamente a casos graves y vulnerables

CAP de Llefià, imágenes de archivo @ep

La nueva 'Estrategia de Vigilancia y Control frente a la COVID-19', que se aprobará este viernes, recoge como principal novedad la eliminación con carácter general de la realización de pruebas de diagnóstico.

Según han informado fuentes sanitarias a Europa Press, serán los profesionales sanitarios quienes, bajo su criterio, 'prescribirán' las pruebas tras una valoración clínica, atendiendo a la sintomatología y al perfil del paciente, pero no serán preceptivas ante todas las sospechas de casos.

En cualquier caso, esta nueva vigilancia del coronavirus recoge que los test sí estarán expresamente indicados para aquellos casos más graves o personas que convivan en entornos vulnerables.

Además, los aislamientos para asintomáticos desaparecerán excepto en el caso de población vulnerable. En las residencias de mayores, será de cinco días y se levantará transcurridas 24 horas sin síntomas. En los hospitales, también será de cinco días y solo se saldrá del aislamiento con un negativo en una prueba diagnóstica, de acuerdo con la información de estas fuentes.

Sanidad y CCAA ya ofrecieron los primeros detalles sobre cómo sería este sistema de vigilancia transitorio contra la COVID-19 en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud (SNS) sobre Vigilancia en Salud Pública, que reunieron el pasado jueves a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a los consejeros de Sanidad de las CCAA y ciudades autónomas en Zaragoza (Aragón).

En concreto, fijaron que se seguiría trabajando activamente en la detección de los casos graves, los posibles aumentos de incidencia y las nuevas variantes, aunque con el horizonte máximo de marzo de 2023.

Determinaron que habrá una "fase de transición" en la vigilancia de la COVID-19 hasta la implementación completa del sistema de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) en Atención Primaria y graves (IRAG) en atención hospitalaria, que se deberá producir en toda España "antes del fin del primer trimestre de 2023". Para ello, se constituirá un grupo de trabajo con la participación del Ministerio de Sanidad y las CCAA.

En concreto, según acordaron la semana pasada, este sistema de vigilancia transitorio tendría que garantizar una "vigilancia individualizada" de los casos de COVID-19 en "ámbitos vulnerables y casos graves", así como la vigilancia y seguimiento de brotes epidémicos "en entornos vulnerables, en riesgo de exclusión social y en otros ámbitos que se consideren de interés".

Igualmente, las CCAA tendrán que mantener los sistemas de información desarrollados específicamente para el seguimiento de la COVID-19 "ante el riesgo de cambios negativos en el curso de la pandemia y aportar la información de los casos detectados en atención primaria incluidos en los códigos de IRAs". Por último, también se comprometieron a contar con "la capacidad suficiente de medios diagnósticos para la detección de nuevas variantes, con un nivel adecuado de secuenciación".