CATALUÑA… ¡ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO!

Los bancos, que deben el doble del PIB catalán a las empresas, han decidido cambiar la sede social.

Sólo con la ley y con la justicia no se frena el desafío soberanista de los independentistas catalanes. 

El bono catalán lleva tiempo con la calificación de bono basura.

Con un volumen de deuda que supera el 29% del total de deuda del conjunto de las Comunidades Autónomas y del 20,9% del PIB catalán, Cataluña paga por su bono un 12,4% de rentabilidad, mientras que por el bono del Estado español se paga un 5,7%. Los datos de la deuda, los vencimientos y el déficit de Cataluña dificultan que pueda financiarse más barato. Y ahora, el desafío independista y la incertidumbre que genera, agravan aún más la situación.

Cataluña ha recibido hasta ahora 54.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico, 2,5 veces lo que han recibido los andaluces y casi 15 veces lo que han recibido los madrileños.

¿Cómo podría financiar Cataluña sus facturas, los sueldos de los empleados públicos catalanes y financiar su déficit si se independizase? Porque la salida de la UE y del euro, dificultaría aún más el acceso de Cataluña a los mercados internacionales de financiación.

Cataluña siempre apela al "expolio fiscal" que sufren con respecto al resto de España. Olvidan que la solidaridad es de las personas y no de los territorios, es la solidaridad intergeneracional inherente a un sistema fiscal progresivo. Olvidan el déficit de la Seguridad Social que tendría una Cataluña independiente, que haría que con sus ingresos sólo pudieran pagar el 78,5% de sus pensiones. Y también olvidan los costes que supondrían unas nuevas estructuras de una Cataluña independiente –como son la Agencia tributaria, la defensa, las embajadas y organismos internacionales, la contribución a la UE-, que resultan casi 5.500 millones de euros al año.

Es cierto que el modelo de financiación autonómico requiere una revisión y que el principio de ordinalidad debe ser incorporado.

Pero Cataluña se olvida de su superávit comercial con el resto de España y Europa. El 75% de su PIB se debe a las exportaciones, que quedarían sujetas a aranceles ante una hipotética independencia. El comercio se reduciría y con él se produciría una caída de su producción y del empleo.

No es de extrañar la decisión que muchas empresas están adoptando sobre el cambio de su sede social. Quedarse fuera del euro es perder competitividad. Los clientes y los inversores temen una declaración unilateral de independencia, en la que Cataluña estaría fuera de la zona euro. ¿Qué tipo de inversores va a atraer Cataluña si no hay seguridad jurídica? Porque Cataluña quedaría fuera de los tratados internacionales firmados por el país al que pertenece, y tendría que empezar desde cero la negociación, un proceso que en el caso del Brexit se estima durará al menos 6 años.

Ante esta incertidumbre los bancos catalanes, que deben a las empresas y familias 2,5 veces el PIB catalán, han decidido cambiar de sede social, como el Banco Sabadell que se ha trasladado a Alicante, y CaixaBank que traslada su sede a Valencia y las de La Fundación Bancaria La Caixa y Criteria a Palma. No sólo porque necesitan seguir dentro del sistema bancario europeo, con la supervisión del BCE y su papel de prestamista de última instancia, sino porque ya empezaban a sufrir en sus cuentas las consecuencias de la retirada de depósitos de sus clientes, ante la pérdida de confianza y el temor a la posible independencia.

Los argumentos económicos pueden frenar este desafío independentista. No olvidemos que el principal apoyo a la independencia tiene raíces económicas. Ha sido impulsado por la élite burguesa catalana y es mayor entre catalanes con padres y abuelos catalanes y con rentas altas.

Como ya ocurrió con los defensores del Brexit que apelaban a que con la independencia del Reino Unido de la UE les iría mucho mejor y que "con el dinero que dejarían de aportar a la UE podrían financiar un nuevo hospital a la semana", en este caso también se están empleado cálculos falsos que olvidan las nefastas consecuencias económicas de salir de la zona euro.

Se empieza a valorar que la crisis catalana puede dañar el crecimiento frágil de la economía catalana y española. Y que las tensiones entre el Gobierno central y la Generalitat pueden afectar, si no se frenan, a la confianza de las empresas y a las inversiones.

Es cierto que vivimos momentos de intensa tensión, con emociones desbordadas que impiden cualquier aproximación racional al problema y que además están basadas en muchas falsedades. El diálogo es muy difícil ante la situación actual de enorme división.

Pero debemos buscar un encaje de Cataluña en España. Que sólo será posible dentro del marco que nos marca la Ley, lo que requiere que el Gobierno de la Generalitat retire la anunciada declaración unilateral de independencia. Para poder abrir así un proceso de dialogo, ya que como señalaba recientemente el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "si vivimos juntos, decidimos juntos".