El Prat garantiza cláusulas sociales para las contrataciones públicas

Ayuntamiento del Prat.

El pleno municipal del Prat de Llobregat ha aprobado este miércoles la Guía para una contratación pública social y éticamente responsable de la ciudad. 

Las denominadas cláusulas sociales son aquellas que establecen la inclusión de aspectos de política social a los procedimientos de contratación pública.

La nueva guía se ha aprobado con los votos favorables de los grupos municipales de ICV-EUiA, PSC, PP, ERC, Ciudadanos, Se Puede El Prat, Ganamos El Prat, PDeCat y del concejal no adscrito, José López Castro, y con la abstención del concejal no adscrito, Norman Muñoz.

A partir de la aprobación de esta guía, las cláusulas sociales serán incorporados por parte del Departamento de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de El Prat a los pliegos de cláusulas administrativas particulares de todas las licitaciones que se hagan de ahora en adelante. 

En cuanto a las normativa sociolaboral, las cláusulas sociales tienen en cuenta aspectos como la contratación de personas en paro o en riesgo de exclusión, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laborales o la calidad de los contratos (salarios, régimen de contratación ...). 

Cuando los costes laborales sean el componente económico más importante de la prestación o cuando se incorporen cláusulas de subrogación, siempre se deberá respetar el salario establecido en el Convenio Colectivo Sectorial correspondiente al ámbito de aplicación del contrato. 

En caso de que la empresa adjudicataria plantee realizar subcontrataciones se valorará positivamente que lo haga con Centros Especiales de trabajo o Empresas de Inserción. 

En cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres, se plantean cláusulas sociales para promover la conciliación de la vida laboral y personal, para evitar el acoso sexual o para promover la perspectiva de género de forma transversal en las empresas. También se evalúa el uso del lenguaje no sexista por parte de las empresas candidatas a la licitación.

En relación a las normativas sobre accesibilidad universal, plantean aspectos relacionados con la construcción de obras públicas y edificios -por minimizar las barreras arquitectónicas- o el diseño de materiales informativos, de manera que puedan ser consultados por personas con diversidad funcional.

En cuanto a la transparencia y buen gobierno, las cláusulas sociales establecen que las empresas informen de las retribuciones percibidas por los cargos directivos, siempre que el volumen de negocio de la empresa vinculado a actividades llevadas a cabo por cuenta de las administraciones públicas supere el 25% del volumen general de la empresa.