INIPRO, pese a tener dos procedimientos judiciales abiertos, gestionará el mayor centro cultural de Barcelona

El ex concejal del PSC, Joaquim Guerrero durante su detención en Viladecans.

INIPRO ( Iniciatives i Programes SL) investigada judicialmente por dos presuntas corrupciones gestionará el mayor centro cultural de Barcelona, Fabra i Coats, la fábrica de la innovación de la ciudad.

Esta empresa, salpicada por el "caso Inipro", un doble procedimiento judicial que investiga presuntas adjudicaciones ilícitas tanto en Viladecans  como en Tarragona, se ha hecho con el contrato para dirigir el macroequipamiento, que tiene laboratorios de creación cultural, proyectos residentes y alberga exposiciones itinerantes y actos para niños.

El Ayuntamiento de Barcelona ha formalizado esta contratación de dos años por un valor de 414.447,95 euros, mediante un proceso de licitación abierto pero sin competidores en el mismo.

La empresa INIPRO se encuentra ahora mismo a la espera de que el juez de instrucción número 1 de Tarragona dicte el auto de apertura de juicio donde están  imputados Ricard Campàs, exdirector general de INIPRO fallecido en 2016, y el consultor de Viladecans, Enrique Miró, que aún trabaja para ellos.

Cabe recordar que la semana pasada la Audiencia Provincial de Tarragona confirmó la condición de imputado al alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.

La presunta trama de corrupción salió a la luz en 2014, cuando la CUP denunció las posibles irregularidades que se daban en los contratos del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona a INIPRO con el Ayuntamiento.

Las investigaciones también se extendieron después a Viladecans, donde hubo registro polícia de la Guardia Civil que causó un gran revuelo en el municipio y que desembocó en la dimisión del por entonces su Primer Teniente de Alcalde, Joaquim Guerrero, imputado también en la causa.

En el Ayuntamiento de Viladecans se aperturó una comisión de la que formaron parte todos los grupos políticos locales y fue una carrera de obstáculos. A la finalización de la misma únicamente, Purificación González, concejala de Viladecans sí se puede, reclamó que se depurarán responsabilidades políticas al equipo de gobierno por las "presuntas irregularidades" cometidas en el seno del Ayuntamiento y desde la fundación de INIPRO, en base a un documento de más de 50 páginas de conclusiones finales. Pidió la dimisión expresa del alcalde, el socialista, Carlos Ruiz Novella, quién todavía continúa en el cargo. 

El proceso, aún en fase de instrucción, deberá determinar si INIPRO también ganó contratos de forma presuntamente ilícita en Viladecans.