Jordi Hereu (Ministro Industria): "No dejaremos que se desmantele lo que sabemos que representa Celsa para Catalunya"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en sus primeros días ha afirmado ante los medios de comunicación que desde su ministerio no se va a dejar que "se desmantele la empresa Celsa". 

Sobre el compromiso del Estado de buscar a un socio español para Celsa tras la entrada de fondos acreedores en el capital, Hereu ha afirmado que es una exigencia del Gobierno: "No dejaremos que se desmantele lo que sabemos que representa Celsa para Catalunya y para otros lugares".

Hereu ha explicado que generarán condiciones para que el tejido empresarial catalán "es ir ganando normalidad y convivencia".

En la actualidad, Celsa se encuentra bajo la propiedad de un grupo de fondos extranjeros, después de que juzgado mercantil número 2 de Barcelona permitiera a los acreedores convertir su deuda en capital de la empresa. Esto se debió a que la deuda superaba el valor total de la compañía.

Las tres sociedades patrimoniales mediante las cuales la familia Rubiralta ejercía control sobre el grupo siderúrgico -Ania Recursos Inversores, Afintex Desarrollos Globales y Gestión Empresarial Bages- posteriormente presentaron concurso de acreedores el pasado 15 de octubre, con un pasivo de 540 millones de euros.

Esta sentencia significó la pérdida del control de Celsa por parte de la familia Rubiralta. Sin embargo, el Estado aún debe pronunciarse sobre la autorización de esta operación y sus condiciones, al mismo tiempo que busca un socio español para que forme parte del accionariado.

EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE CELSA EN MARCHA

Los nuevos accionistas de Celsa avanzan en la aplicación de su plan de reestructuración aprobado judicialmente, con el nombramiento de Rafael Villaseca como nuevo presidente, mientras que Jordi Cazorla tomará posesión en enero como consejero delegado, según informaciones de la propia empresa.

En paralelo, el grupo formalizó ante notario la capitalización de la deuda. Villaseca fue consejero delegado de Gas Natural Fenosa de 2005 a 2018, y ahora es presidente de la Fundación Naturgy y consejero de Cementos Molins y VidaCaixa. Cazorla, ingeniero industrial por la UPC y MBA por la UB, ha sido director general de Ds Smith para el sur de Europa y antes ocupó posiciones directivas en Ideal Standard, American Standard, General Electric y Hewlett Packard. 

RENOVACIÓN DE CARGOS PARA DAR INICIO A ESTA NUEVA ETAPA

Hasta que Cazorla se incorpore a la compañía, el director general será el responsable de FTI Consulting España, Sergio Vélez; y el abogado del Estado Daniel Alaminos será el secretario del consejo de administración.

A la espera de la designación definitiva del consejo, se van a incorporar de manera provisional cuatro consejeros independientes: María Esther Alfonso, Antonio Arenas, Francisco Javier Díaz-Gálvez y Luis Aurelio Martín. 

Con estos nombramientos "se inicia una nueva etapa que supone un punto de partida para consolidar el liderazgo de Celsa en el sector", ha destacado Villaseca. Estos nombramientos se producen en aplicación del plan de reestructuración aprobado en septiembre por sentencia judicial, "que permitirá a Celsa reducir su deuda en 1.400 millones y ampliar en 5 años el vencimiento de la deuda restante, dejando a la compañía con una situación financiera muy mejorada", explica en un comunicado. 

La operación ha incluido la aceptación por parte de los nuevos accionistas de "una serie de compromisos con las autoridades, entre los que destacan el mantenimiento de la viabilidad de la compañía a largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y la capacidad productiva".

EL OBJETIVO ES MANTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO ACTUALES

Los fondos acreedores tomaron medidas para adquirir Celsa, el grupo siderúrgico de la familia Rubiralta con una planta en A Laracha (A Coruña) y otra en Sant Andreu de la Barca y han estado  buscando la aprobación del Esado para esta adquisición haciendo promesas, asegurando que mantendrán las condiciones laborales actuales y la capacidad de producción en España, además de buscar un socio industrial español.

Los acreedores de Celsa emitieron un comunicado informando de su intención de tomar el control de la compañía después de que el plan de reestructuración propuesto por los fondos fuese validado por un tribunal en septiembre. El Gobierno ha requerido la incorporación de un socio industrial y la formación de un consejo independiente como parte del proceso de adquisición. 

El sindicato UGT FICA mantuvo una reunión a inicios de noviembre con Francisco Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, para abordar el futuro de Celsa. Durante la reunión, el sindicato instó a la institución pública a garantizar el mantenimiento del empleo, la actividad y las inversiones previstas en el fabricante de acero.

UGT FICA aboga por la incorporación de un socio industrial del sector siderúrgico español como una medida para asegurar la continuidad de Celsa en los ámbitos nacional y europeo, evitando la venta de sus centros de trabajo distribuidos en Catalunya, País Vasco, Cantabria y Asturias, según indicó en un comunicado.

En la reunión, se subrayó la responsabilidad del Gobierno en supervisar que la empresa que asuma la gestión de la acerera cumpla con el mantenimiento de la producción y los derechos de los trabajadores. UGT FICA considera esencial que Celsa elabore un plan industrial que incluya los diversos programas de descarbonización para sus instalaciones, así como las inversiones estatales de 375 millones de euros ya comprometidas, las cuales, según el sindicato, deberían aumentar.