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La Generalitat inicia el primer proceso para expropiar un piso de un gran tenedor en Cornellà

Se trata de una propiedad de un gran tenedor que se destinará a familias vulnerables 

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Pisos
La Generalitat inicia el primer proceso para expropiar un piso de un gran tenedor en Cornellà / Archivo

El Departamento de Territorio de Catalunya ha dado inicio al proceso de expropiación de viviendas vacías pertenecientes a grandes tenedores en varios municipios catalanes, incluido Cornellà de Llobregat, como parte de un esfuerzo por abordar la crisis de vivienda y destinar estos recursos a familias vulnerables. Se trata de la primera acción que toma de este tipo en el Baix Llobregat. 

 

Estos primeros pasos se dan tras la declaración de uso anómalo de la vivienda por incumplimiento de la función social de la propiedad en 23 inmuebles, de los cuales cinco están siendo sometidos al procedimiento de información pública previa a la expropiación. La Ley 1/2022 faculta a la Generalitat y los entes locales para expropiar en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad, que ocurre cuando una vivienda permanece desocupada de manera injustificada por más de dos años.

 

“La Generalitat pasó unas características determinadas de viviendas para este programa, nosotros inspeccionamos y pasamos la propuesta de los pisos que en Cornellà cumplían los requisitos que la Generalitat pedía, y ésta ha expropiado una a la ciudad y éste pasará a la mesa de emergencia, para que podamos adjudicarlo", ha explicado a Vilapress Antonio Martínez, teniente de Alcalde de Política Territorial y Urbanismo.

 

Estos cinco inmuebles objeto de la información pública forman parte de un conjunto mayor de 23 viviendas declaradas con uso anómalo, mientras que otras 22 están en fase previa de tramitación de dicha declaración. En total, 144 viviendas se han movilizado para albergar familias, cumpliendo con el objetivo principal de esta medida.

 

El proceso de expropiación se enmarca en un plan más amplio que prioriza la acción en 14 municipios catalanes con alta demanda de vivienda, entre los cuales se encuentra Cornellà y Viladecans. Las viviendas expropiadas se destinarán a familias vulnerables incluidas en los programas de emergencia de los municipios afectados o a programas sociales, como el de apoyo a mujeres víctimas de violencia machista.

 

En los próximos días, se enviarán requerimientos a los propietarios de las viviendas para que demuestren legalmente su ocupación. En caso de incumplimiento en un plazo de un mes, el Departamento de Territorio procederá con el proceso de expropiación, que puede extenderse hasta seis meses. Este proceso solo afecta a las viviendas registradas como vacías u ocupadas sin título habilitante.

 

UN PISO PROPIEDAD DE UN GRAN TENEDOR

 

La empresa PECOTACA SERVICIOS Y GESTIONES, S.L. figura como titular registral del piso afectado, ubicado en Rambla Anselm Clavé del  municipio del Baix Llobregat. 

 

Entre las cargas que pesan sobre la propiedad, destaca el derecho de tanteo y retracto del artículo 2.1 del Decreto ley 1/2015, de 24 de marzo, a favor de la Administración de la Generalitat. 

 

Según el Registro de la Propiedad, la vivienda cuenta con una superficie útil de 64,34 m² y una terraza de 1,50 m², con un coeficiente de participación del 1,74%. Por otro lado, según el Catastro, la superficie construida es de 73 m². En cuanto a su ocupación, se trata de un habitatge que actualmente se encuentra desocupado, motivo por el cual la Generalitat ha decidio iniciar este proceso.

 

5 MILLONES PARA ADQUIRIR VIVIENDAS

 

Para financiar esta primera fase de expropiaciones, el Gobierno destina 5 millones de euros a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), lo que permitirá adquirir entre 50 y 70 viviendas, dependiendo del precio de expropiación.

 

Estas viviendas serán gestionadas por la Agencia de Vivienda de Cataluña y se destinarán a familias vulnerables o programas sociales, contribuyendo así a aumentar el parque de viviendas sociales disponibles en la región.

 

La finalidad de estas expropiaciones es incrementar el parque de viviendas en alquiler social para atender a personas en riesgo de exclusión residencial, cumpliendo con los criterios establecidos por la Ley 1/2022. Esta iniciativa busca abordar la crisis habitacional y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos de Catalunya.

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