Admitida a trámite una denuncia contra el Ayuntamiento de El Prat por crear una segunda plaza de Intendente de Policía Local

La Oficina Antifrau de Catalunya ha admitido a trámite una denuncia presentada por la presunta creación de una seguna plaza de Intendente de la Policía Municipal. Según la denuncia presentada, en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, datada el 1 de febrero de 2024, figuraba una plaza de Intendente de Policía Local. Sin embargo, en la sesión plenaria del 16 de febrero de 2024, se aprobó la modificación de la plantilla de personal municipal, incluyendo la creación de una segunda plaza de Intendente de la Policía Local.

El hecho denunciado se refiere a la presunta creación "fraudulenta" de una segunda plaza de Intendente de la Policía Local del Prat de Llobregat, en lo que los denunciantes creen que es presuntamente una "flagrante violación del artículo 25.3 de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales". Desde el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat han explicado a Vilapress que no les consta ninguna denuncia admitida en la Oficina Antifrau, pero que colaborarán en "resolver cualquier duda o consulta que pueda tener". 

Según al documento al que ha tenido acceso Vilapress, Antifrau acuerda "admitir la denuncia por corresponder a un supuesto incluido en el ámbito objetivo o funcional de la Oficina Antifraude de Catalunya para conocer de los hechos denunciados". 

El caso se remonta al mes de febrero del presente año, cuando los denunciantes detectaron la inclusión de una nueva plaza de Intendente en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

Según los detalles proporcionados en la denuncia, el pleno municipal del 28 de diciembre de 2023 aprobó una modificación en la plantilla de personal municipal que incluía la creación de esta segunda plaza de Intendente de la Policía Local. A pesar de las objeciones planteadas por la sección sindical SPL-CME en la reunión de la mesa general de funcionarios el 13 de febrero de 2024, donde se argumentó que la medida, presuntamente, "era ilegal y que la ciudad no cumplía los requisitos para tener dos Intendentes". Pese a ello, la creación de la plaza fue ratificada.

La denuncia se basa en la Ley 16/1991 de las Policías Locales, específicamente en su artículo 25.3, que establece las condiciones para la creación de plazas de mandos policiales. Según esta ley, la categoría de Intendente solo puede crearse en municipios con más de 100.000 habitantes, o en municipios de menor población pero con características especiales y un número excepcionalmente alto de agentes. Sin embargo, se recoge en la denuncia, "el Prat de Llobregat no cumple con este requisito", ya que su población en 2023 fue de 65.409 habitantes según el Idescat, y su plantilla de agentes de la Policía Local no supera los 100 agentes "ni cuenta con características especiales que justifiquen la excepción a la normativa", argumentan.

El documento de la denuncia sostiene, presuntamente, que "la ilegalidad es evidente y flagrante", y que "responde a la voluntad particular de quienes, con pleno conocimiento de la irregularidad, procedieron arbitrariamente a la creación de la segunda plaza de Intendente de Policía Local, infringiendo gravemente el artículo 25.3 de la Ley 16/1991". Se destaca además que la plaza en cuestión tenía presuntamente un salario anual de 71.115,35€ en el año 2023, según la información proporcionada en la denuncia.

"LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO SE AJUSTAN A LA LEY"

Desde el consistorio del Baix Llobregat han explicado a Vilapress que no tienen notificación alguna sobre estos hechos." No tenemos ninguna constancia ni de ninguna denuncia ni de ninguna actuación de la Oficina Antifrau. En cualquier caso, estamos a disposición de éste y cualquier organismo para resolver cualquier duda o consulta que pueda tener", han explicado. 

Pese a ello, han querido dejar claro que bajoi su punto de vista las actuaciones del consistorio se ajustan a la legalidad vigente. "En cualquier caso, todas las actuaciones del Ayuntamiento están perfectamente ajustadas a la ley", han afirmado. 

"Así se ha demostrado siempre, y especialmente en los últimos años, en los que el consistorio ha tenido que afrontar numerosas denuncias tanto en la fiscalía como en la Oficina Antifraude, en el marco de una clara estrategia de lawfare de algunos partidos políticos", han añadido. 

Además han aconluido que "todas ellas han resultado archivadas por no tener ningún tipo de base, demostrando que esta estrategia sólo pretende confundir a la ciudadanía y blanquear estrategias de desacreditación de la político". 

Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp para informarte de todas las noticias