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Olesa se adhiere a un decálogo de empadronamiento para favorecer a las personas vulnerables

Con esta adhesión, el Ayuntamiento quiere impedir una situación de vulnerabilidad a la hora de conseguir sus derechos básicos

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Olesa se adhiere a un decálogo de empadronamiento para favorecer a las personas vulnerables / Archivo

El Ayuntamiento de Olesa de Montserrat ha anunciado su adhesión al Decálogo de Empadronamiento de Igualdad, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Antiracismo, Migraciones y Refugio del Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Catalunya. Esta acción forma parte del compromiso municipal por garantizar los derechos de las personas migradas y en situación de vulnerabilidad, asegurando que puedan acceder a los servicios y derechos básicos.

 

El empadronamiento es un trámite fundamental que a menudo se complica para las personas migradas, poniendo en riesgo su acceso a derechos básicos como la sanidad, educación y otros servicios municipales. Tal y como explica Alba Tarroc, jefa del Departamento de Políticas Migratorias, Antirracismo y Cooperación, "aunque ya existe una ley que regula el padrón, no es tan específica en determinadas materias que afectan, normalmente, a personas migradas".


El decálogo, creado por la Dirección General de Antiracismo, Migraciones y Refugio, ofrece buenas prácticas a los ayuntamientos para garantizar un empadronamiento justo e igualitario. Incluye medidas como aceptación de autorizaciones escritas para el empadronamiento en establecimientos residenciales colectivos y la creación de direcciones alternativas para personas sin domicilio fijo. Tarroc apunta que "la ley cubre situaciones como la del sinhogarismo, pero no ofrece una solución para personas que, por ejemplo, no se les permite empadronarse".

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS

 

Uno de los principales problemas identificados es la discrecionalidad con la que algunos ayuntamientos gestionan el empadronamiento, a menudo denegándolo sin motivos justificados o retrasando su tramitación más allá de los tres meses establecidos por ley. "Estas prácticas vulneran los derechos de las personas y, a la vez, impiden que se tenga una fotografía real de la población del municipio, afectando a la planificación y provisión de servicios públicos", añade Alba Tarroc.

 

El decálogo de empadronamiento de igualdad es una respuesta necesaria a la realidad de la vivienda y la migración en Catalunya, y busca establecer una normativa más justa que asegure que todas las personas, independientemente de su situación residencial, puedan ser reconocidas como a residentes del municipio en el que viven. 

 

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