Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite una demanda pionera contra el Ayuntamiento de Martorell por su política restrictiva de empadronamiento. La demanda, presentada por vecinos afectados, cuestiona la legalidad de exigir un contrato de compra o alquiler para inscribirse en el padrón municipal, una medida que deja fuera a okupas, personas sin hogar y realquilados.
Con esta adhesión, el Ayuntamiento quiere impedir una situación de vulnerabilidad a la hora de conseguir sus derechos básicos
Se trata de un derecho de las personas que permite acceder, además, a servicios fundamentales como la sanidad o la educación
Del mismo modo, el BOE apunta a que ciertas personas que carezcan de hogar podrán recurrir a un domicilio ficticio en el municipio donde reside actualmente que deberá ser reconocido por Servicios Sociales.