El Estado decidirá la toma de control de Celsa en Sant Andreu de la Barca por parte de sus acreedores

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca se ha mostrado preocupado por el futuro industrial de la empresa Celsa y el mantenimiento de los puestos de trabajo una vez el juzgado mercantil número 2 de Barcelona ha sentenciado el traspaso de la propiedad de la empresa a sus acreedores.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó este lunes una sentencia que acuerda la homologación del plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que estos serán accionistas de la compañía en sustitución de los actuales propietarios.

En la resolución, el magistrado acuerda su homologación "al entender que este reúne todos los requisitos legales dado que el importe de la deuda es muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreedores se asegura la viabilidad del Grupo Celsa", informa este lunes en un comunicado. El plan, que según el TSJC ya está homologado, "prevé la capitalización de una parte importante de la deuda", de manera que los fondos de inversión de los acreedores pasen a ser accionistas.

Además, Celsa ha considerado "asegurada su continuidad" después de esta sentencia, y ha afirmado que el cambio de control requiere de autorización del Gobierno.

Las administraciones remarcan el valor estratégico de la empresa

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha afirmado que el Ejecutivo catalán trabajará para "garantizar la integridad del proyecto y también el mantenimiento de los puestos de trabajo" del Grupo Celsa después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) haya aprobado que acreedores se queden con el grupo.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, Plaja ha subrayado que el Govern "continuará trabajando para proteger la integridad de la cadena de valor y el modelo industrial que garantiza la reinversión de recursos y también el mantenimiento de tantos puestos de trabajo" de la compañía.

Ha defendido que esta empresa es "estratégica para la economía catalana", por lo que ha reiterado su apoyo a los trabajadores y a los valores industriales estratégicos que asegura que representa el Grupo Celsa.

En el mismo sentido, el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ha afirmado que "para el Ayuntamiento es imprescindible que el cambio de propietarios asegure la continuidad del negocio industrial de la empresa Celsa y el mantenimiento de los más de 800 trabajadores, de los cuales unos 200 son vecinos y vecinas del municipio". 

"El valor estratégico de la empresa, tanto por la economía como por la capacidad industrial del país, hace necesario que los Gobiernos del Estado y de la Generalitat velen por el cumplimiento de la sentencia que hace referencia a que los nuevos propietarios deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo", han afirmado desde el Ayuntamiento. Además han añadido que se debe hacer "sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto ".

Plaja ha concretado que el Govern está en contacto con "las diferentes partes y los propios directores" de la compañía, y ha avanzado que el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, y su equipo tienen previstas reuniones con ambas partes.

Desde el consistorio del Baix Llobregat han explicado que el alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, mantendrá una serie de reuniones con los representantes de los trabajadores, la Generalitat de Catalunya y los nuevos propietarios de la empresa para conocer las perspectivas de futuro de la empresa Celsa y la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo.

Pendientes de la decisión del Consejo de Ministros

El juez que emitió la sentencia enfatizó a los fondos que tomen el control de la compañía la importancia de cumplir rigurosamente con todos sus compromisos con el fin de asegurar el futuro de la empresa catalana, aumentar su valor y preservar los empleos existentes. Además, advirtió a los actuales accionistas de Celsa que cualquier obstrucción o interferencia en las acciones de Lexaudit, habilitado para liderar el proceso de reestructuración, podría resultar en la comisión de un delito de desobediencia.

Tras la victoria judicial sobre la familia Roviralta, los acreedores de Celsa dependen ahora de la posible autorización del Consejo de Ministros. El Ministerio de Industria ya ha advertido que la toma de control de la empresa por parte de los acreedores con la conversión de deuda en capital deberá recibir el visto bueno de los miembros del Gobierno de España. 

Ante la posibilidad de que los inversores extranjeros tomen más del 10% de las empresas consideradas como estratégicas, la legislación permite al ejecutivo español autorizar o denegar este tipo de operaciones que superen este porcentaje. Ahora bien, como Celsa no es una empresa que cotiza en el mercado de valores, esta limitación únicamente se aplica a aquellos fondos que adquieran más de ese 10% que sean de fuera de la UE.

Los acreedores quieren evitar el trámite

Además de la preocupación del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca y del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Estado también quiere entablar una negociación con los nuevos propietarios de la empresa ubicada en el Baix Llobregat para que se mantengan los puestos de trabajo y no se traslade la compañía fuera del territorio nacional. Es por ello que han querido recordar que es el Consejo de Ministros el que tiene la última palabra para autorizar la operación. 

Pese a ello, los acreedores ya han buscado posibles formas para intentar burlar una posible decisión del Ejecutivo y evitar así que una decisión política pueda entorpecer sus planes con la empresa. De esta forma, han estudiado varias opciones, que pueden ir desde ceder parte de la propiedad a inversores europeos con el objetivo de que se sitúen por debajo de ese 10% que marca la legislación o bien incorporar un inversor español que pueda contentar al Gobierno. 

Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, en el equipo legal de los fondos acreedores

Entre la lista de personas destacadas del sector jurídico español que han participado en el proceso judicial que han permitido a los fondos acreedores tomar el control de Celsa en detrimento de la familia Roviralta se encuentra la exvicepresidenta del Gobierno de España en el mandato de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. 

La exvicepresidenta ocupó el cargo entre los años 2011 hasta el 2018, cuando Pedro Sánchez presentó la moción de censura que acabó con el gobierno popular. Sáenz de Santamaría es socia de Cuatrecasas, bufete que ha participado en el proceso. 

Así mismo, desde 1998, es abogada del Estado y se ha formado para convertirse en experta en brindar asesoramiento a empresas en relación con el reciente régimen de inversiones en sectores estratégicos, que fue aprobado en marzo de 2020 por el gobierno socialista.