Los sindicatos de Celsa piden a la dirección "un plan"

CC.OO. ha exigido a los nuevos gestores de Celsa un plan industrial, un plan de inversiones y un plan de formación "para asegurar los puestos de trabajo, adaptar los centros y reciclar a las plantillas", según un comunicado. 

El secretario general del sindicato, Unai Sordo; el secretario general en Catalunya, Javier Pacheco; la secretaria general de Industria del sindicato, Garbiñe Espejo, y su homólogo en Catalunya, José Antonio Hernández, se han reunido con el consejero delegado --nombrado este lunes--, Jordi Cazorla, y el presidente no ejecutivo del consejo de administración, Rafael Villaseca. 

Durante el encuentro, los representantes de la organización han reclamado que la empresa "aclare su estado financiero tras el proceso judicial". 

El sindicato ha criticado que el grupo "carece en España de un plan industrial que le permita garantizar el futuro de la compañía" y ha alertado de que "existe un clima de desconfianza hacia la nueva dirección". 

Así mismo, ha reclamado "garantías de que no se venderá o deslocalizará ninguna empresa del grupo" y ha propuesto que la compañía desarrolle proyectos para la recuperación y la transformación económica (Perte) que, según el sindicato, le permitan adaptarse a la transformación energética y a las exigencias de descarbonización.

La pasada semana, la dirección de la empresa nombró a Jordi Cazorla, consejero de Cementos Molins y VidaCaixa, como nuevo CEO de la empresa. Cazorla se incorporará al consejo de administración, bajo la presidencia de Rafael Villaseca, y, por ahora, se conserva el equipo directivo existente antes de la emisión de la sentencia.

Descontento por los horarios

Esta reclamación se suma a la del pasado mes de diciembre, cuando el Comité de Empresa de Celsa convocó una asamblea de trabajadores para llevar a cabo una votación en respuesta a desacuerdos surgidos respecto a los calendarios entregados para el año 2024, según informaron fuentes sindicales. 

La disputa se centraba en cambios propuestos en los calendarios laborales, con los empleados expresando su oposición a las modificaciones. La decisión de convocar la votación surge después de que los representantes de los empleados presentaran una denuncia ante la inspección de trabajo, alegando que la empresa no proporcionó los calendarios definitivos en el plazo de 30 días antes de finalizar el año, sin una justificación clara. 

Además, los trabajadores expresan su descontento por la supuesta mala distribución de la jornada, señalando que los cambios en la programación buscan adaptarse a las necesidades del mercado. Pese a la tensión laboral, se ha confirmado que no se está cerca de una huelga, desmintiendo algunas informaciones que habían circulado en medios de comunicación. Las partes implicadas buscan resolver las discrepancias de manera dialogada y pacífica, evitando medidas extremas en este momento.