La AMB crea un operador público privado para gestionar pisos de alquiler

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) creará un operador público-privado, llamado Habitatge Metropolis Barcelona, que tiene como objetivo poner en el mercado alrededor de 4.500 pisos de alquiler, a un precio de 750 euros, en los próximos ocho años.

Así lo han explicado la responsable del Servicio Económico y Financiero de la Oficina de Gerencia del AMB y consejera de esta nueva empresa, Begoña Antonell, y el coordinador general, Eduard Saurina.

"El objetivo es destinar a estos pisos no a personas en riesgo de exclusión social, sino a familias en que cada uno de los progenitores tenga unos ingresos de 1.000 euros y que dediquen un 40% a pagar el alquiler y suministros básicos, por lo que se ven abocados a la precariedad", ha dicho Saurina.

El AMB sacará a concurso antes de verano el 50% de la empresa Habitatge Metropolis Barcelona, y se prevé que en octubre se materialice la entrada del socio privado, que recibirá una rentabilidad de entre el 3% y el 4%, tendrá un requisito de permanencia mínima de 10 años --lo que limita que se presenten los fondos de inversión-- y se encargará de la gestión de las promociones.

Este socio privado deberá invertir en este operador 200 millones de euros para los próximos diez años --también puede aportar propiedades--, y se estudian tanto operadores locales como europeos: "Hemos hecho consultas de mercado y hay interesados. Queremos un socio con capacidad financiera y ejecutiva".

De momento, el AMB ya ha empezado a transferir propiedades a esta empresa, entre los que figuran dos solares en Montgat --ubicados en la calle Joanot Martorell--, otros dos en Sant Adrià del Besòs --en la calle La Catalana, ante el paseo Antonio Machado-- y uno en Sant Boi de Llobregat --en Baldiri Net i Figueres--, que en conjunto albergarán 350 viviendas de alquiler y cuya primera llave se prevé dar a finales de 2019.

El precio de alquiler de estas viviendas será de 750 euros mensuales, un importe que se puede ver rebajado hasta un 50% con subvenciones; los contratos serán de entre seis y siete años --el doble de los tres años que marca la ley-- y se harán revisiones periódicas de los ingresos de los inquilinos para garantizar que siguen requiriendo este tipo de vivienda.

"Nuestra voluntad es ser un agente de mercado produciendo suficientes unidades de pisos para acabar influyendo en los precios, ya que aunque no los podamos bajar, al menos los frenaremos", ha dicho Saurina, que ha indicado que el alquiler ha subido una media del 25% entre 2014 y 2017.

Además, ha expuesto que las mayores solicitudes de oferta por parte de potenciales inquilinos son de entre 600 y 800 euros, si bien las ofertas que tardan menos de 25 días en comercializarse rozan los 900 y 990 euros: "El precio medio de la oferta global en el área metropolitana de Barcelona son 1.300 euros, por lo que hay un 'gap' importante".