Polémica por la adjudicación del contrato del Aerobús

Ha pasado un mes desde que la Autoritat Catalana de la Competència (Acco) registrase las sedes de Tugsal, Transports Ciutat Comtal --participada por Moventia y por la empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)-- y la consultora Cinesi para recabar información sobre la adjudicación por contrato del Aerobús, el autobús lanzadera que conecta la capital catalana con el aeropuerto de El Prat.

La alcaldesa Ada Colau zanjó la adjudicación pública del Aerobús en favor de esta UTE (Unión Temporal de Empresas) a finales de octubre, por un valor de unos 90 millones de euros.

Se calcula que la línea lanzadera de autobús mueve a casi 6 millones de pasajeros al año y es una de las principales formas de acceder al aeropuerto tanto para visitantes como para nacionales.

La Acco sostiene que estas empresas han coordinado presuntamente su comportamiento para alterar el resultado del concurso del servicio de Aerobús --con un valor estimado de 89 millones de euros--, y resalta que la oferta presentada por la UTE entre Tusgsal, TCC y SGMT es la que ha obtenido una puntuación superior.

Además, ha puesto en conocimiento de la Oficina Antifrau de Catalunya la existencia de "un posible conflicto de interés entre el AMB y la oferta provisionalmente ganadora", ya que el contatro lo licita el AMB, y la propia AMB participa indirectamente en una de las empresas que presenta oferta al contrato, ha añadido la Acco este martes en un comunicado en su web.

Sin embargo, la Acco ha resaltado que la incoación del expediente sancionador "no prejuzga la resolución final" --debe resolverse en un máximo de 18 meses-- y que se limitan a exponer los aspectos fundamentales del asunto y las actuaciones llevadas a cabo por la Acco.

EL 'CASO AEROBÚS': EL ADJUDICADOR QUE SE AUTOADJUDICA

Desde el primer momento saltaron las alarmas por el hecho de que se licitara el contrato de la lanzadera a una UTE que contaba con la propia administración pública encargada de conceder el contrato.

A la hora de adjudicar el contrato, el Ayuntamiento contaba con dos opciones: o bien encargar un servicio a TMB o bien seleccionar la mejor compañía privada que se presentase al concurso. Sin embargo, se optó por la vía intermedia de que el AMB concursara, pese a ser quien promovía el concurso, a través del 33% de participación accionarial en Transports Ciutat Comtal (TCC).

Para rizar el rizo, la adjudicación está enmarañada por las múltiples conexiones políticas de sus actores. Por un lado, la transportista Moventia está vinculada a la familia Martí --expresidente del lobi nacionalista Femcat--, caracterizada por su independentismo militante.

EL EXPEDIENTE A AIGÜES DE BARCELONA: ¿UNA CORTINA DE HUMO?

El pasado 16 de noviembre, la directora de Transparencia del AMB, Gemma Calvet, incoó un expediente contra Aigües de Barcelona por presuntas faltas de transparencia.

El expediente llegó oportunamente poco después de que la institución catalana de la competencia iniciase sus pesquisas en torno al contrato del Aerobús.