El transporte pide endurecer las penas contra los ataques vandálicos

Los operadores ferroviarios del áera metropolitana de Barcelona están hartos de los ataques vandálicos que sufren sus trenes a lo largo del año. El precio elevado de esas reparaciones, más los problemas que causan en el servicio y a los usuarios no hacen más que poner palos a las ruedas al sector. 

Por eso, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Renfe, Tram y Mossos d'Esquadra han solicitado que se debe cambiar la legislación para endurecer las penas que recaen sobre los vándalos. Y para empezar a concienciar a los responsables de estos ataques sobre las "graves consecuencias" de sus actos han lanzado una campaña.

El director general de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Pere Torres, ha asegurado este 25 de septiembre que el vandalismo en el transporte ferroviario del área de Barcelona supone un coste de 15 millones de euros anuales para los operadores.

Torres ha explicado que la campaña, que se lanzará el 1 de octubre con el lema 'Es vandalismo, es inaceptable', quiere enmarcar las intrusiones, pintadas y destrozos en instalaciones como una forma de delincuencia, lejos del arte urbano.

"Nos dirigimos a aquellas personas que pueden sentirse atraídas o tener simpatía por estos actos vandálicos", y ha subrayado que estas incursiones causaron cerca de 3.000 afectaciones a trenes el pasado 2018, sumando a los cuatro operadores.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

También ha dicho que coinciden en que se debe modificar la tipificación penal de estos daños: "No se debe centrar solo en el coste económico, sino en las interrupciones de servicio y el riesgo que supone para usuarios y trabajadores".

Los servicios jurídicos de los operadores creen que la mejor opción es la reforma del artículo 557 del Código Penal para ampliar los supuestos y aumentar las penas por los daños, que ahora van de seis meses a tres años de cárcel.

La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha afirmado que la ley "no es lo suficientemente dura", y ha avisado que también se producen actos vandálicos contra vehículos históricos, que son patrimonio de la ciudad.

El presidente de FGC, Ricard Font, ha asegurado que desde 2018 los vándalos han aumentado su agresividad hacia usuarios y trabajadores, y ha hecho hincapié en la necesidad de modificar el Código Penal para evitar la reincidencia.

El presidente de Tram, Felip Puig, ha propuesto que los vándalos no puedan acceder a ayudas sociales como becas universitarias y ayudas a la vivienda: "El transporte es un beneficio social. Si son vándalos sociales no deberían acceder a políticas sociales".

La directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, ha dicho que se producen más ataques en los meses de verano: "No damos al abasto", y ha recordado que ni la seguridad ni los recursos económicos de los operadores son infinitos.

RESPONSABILIDAD DE TODOS

El comisario jefe de Relaciones Institucionales, Prevención y Mediación de los Mossos d'Esquadra, Josep Codina, ha dicho que trabajan en canales de comunicación sencillos para que los ciudadanos puedan comunicar si ven actos vandálicos.

"La responsabilidad es de todos: operadores, policía y usuarios. Haremos difusión interna de la campaña", y ha admitido que hay grupos organizados de vándalos autóctonos y otros que vienen de otros países para actuar en el entorno de Barcelona.