Este mes he asistido como alcalde a una lamentable situación que afecta a muchos municipios, de lo que todas las administraciones locales nos quejamos y de la que sólo tenemos derecho al pataleo.
Hemos pagados todos los vecinos del municipio la cantidad de 3.601.229 euros. Aproximadamente un 40% de nuestros presupuestos anuales. Todo por una sentencia sobre una expropiación forzosa, que se inició el 14 de noviembre de 2008.
¿Qué es y qué supone esta expropiación forzosa? es cuando un propietario nos pide la expropiación de un terreno suyo y el Ayuntamiento se ve obligado a hacerlo compensando al propietario con el pago de un justiprecio.
En este caso un terreno situado en un torrente y calificado en un principio como suelo urbano no consolidado y como parque urbano. Un terreno que el Ayuntamiento ni quiere, ni necesita. Un terreno que, posteriormente, se incluye en un plan urbanístico para darle edificabilidad y favorecer a los propietarios...
En el proceso de expropiación forzosa, debido al contencioso que pone la propiedad, hábilmente conducida por abogados sin escrúpulos, el Ayuntamiento lo valora en 30.431 euros. Y el Jurado de Expropiación en 33.808 euros. Cabe aclarar que un Jurado de expropiación es un órgano de naturaleza administrativa que hace de perito en relación con la determinación de los justiprecios en procedimientos expropiatorios.
¿En qué momento se pasa de esta cifra a los 3.600.000 euros, incluidos los intereses desde el 2009? ¿Hay respuesta a esta pregunta? ¿Cómo se puede fallar en un contencioso de esta manera, sin posibilidad de hacer más recursos y obligando a una administración local a pagar una cifra que no tiene en presupuesto, una cantidad que no equivale de ninguna de las maneras al valor del terreno expropiado y que nos obliga a endeudarnos por muchos años, teniendo que desatender competencias y problemas reales del día a día en un municipio con muchas necesidades?
Es una situación injusta y vergonzosa que debiera frenarse en las instancias correspondientes. Me siento totalmente desamparado, me siento estafado y me siento robado... Me siento engañado por el sistema judicial y sus interpretaciones ciegas de la Ley. Y no yo como persona física. Siento que nos han quitado un dinero destinado a mejorar nuestros equipamientos educativos, culturales y deportivos, un dinero destinado a solucionar problemas de saneamiento y mantenimiento de los 100 km de vía pública de nuestro municipio, un dinero destinado a solucionar problemas reales de las personas y que NUNCA debiera destinarse a repartírselo al 50% entre una propiedad y su abogado. Triste, lamentable y desesperanzador...
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