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​Los ayuntamientos denuncian que el Gobierno les chantajea con las inversiones del futuro

La confrontación por el intento del Gobierno central de quedarse con el superávit de los municipios está alcanzado cotas inimaginables.

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Ayuntamientos y Gobierno central están en pie de guerra. Los intentos de ejecutivo de Pedro Sánchez de apropiarse del dinero que los consistorios han ahorrado en los últimos tiempos ha generado una confrontación que amenaza con mantenerse en el futuro.


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (3i), acompañado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (2i); y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias (1i), saluda al presidente de la Federación Española de Municipios y



Desde los consistorios se denuncia un intento de chantaje por parte del Gobierno central ante la negativa de aquellos de ceder sus ahorros. Las amenaza de paralizar determinadas inversiones que dependen de los ayuntamiento se ha convertido en el arma que se usa desde Madrid, denuncian los consistorios, para obligarles a ceder.


Concretamente, los municipios apuntan a las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Se trata de unos proyectos que se sufragan con el dinero que proviene de los ahorros de los ayuntamiento pero que requieren una serie de requisitos que dependen de la aprobación del Ministerio de Hacienda y que deben cumplir con unos criterios de  empleo y sostenibilidad.


Por el momento, los proyectos elaborados por los ayuntamientos para este año están paralizados y es ahí donde algunos consistorios hablan de chantaje por parte de la ministra María Jesús Montero.


La reforma puesta en marcha por el Gobierno estipula que los ayuntamiento se pueden gastar un 35 % de los ahorros de los años pasados a cambio de ceder el resto al Estado, que se lo devolverá en los próximos diez años. Aunque, según el Ejecutivo, no es obligatorio acogerse a este plan, muchos ayuntamientos han rechazado acogerse a él.


Además, consideran que este plan llega demasiado tarde, ya que las inversiones IFS deberían haber sido aprobadas en marzo y ahora ya es demasiado tarde. Además, el proyecto de la ministra debe ser aprobado en el Congreso y, por el momento, no cuenta con los apoyos necesarios para ello.


Los ayuntamientos también consideran que el Gobierno debería eliminar la regla del gasto de los ayuntamientos tanto para este año como para el próximo ya que la crisis del coronavirus ha afectado mucho a las recaudaciones municipales.

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