Los eurodiputados visitan dos centros educativos de El Prat para analizar la inmersión lingüística

La delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, cuya misión es estudiar el sistema de inmersión lingüística, visitó dos instituciones educativas en El Prat de Llobregat. Los eurodiputados recorrieron el Centro de Educación Especial Can Rigol y el Institut Salvador Dalí, este último con un 25% de clases en castellano. Previamente, se reunieron con José María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La delegación estaba compuesta por nueve eurodiputados, cuatro de los cuales oficialmente formaban parte de la misión del Comité de Peticiones, mayoritariamente de orientación derechista, ultraderechista y liberal; los otros cinco, provenientes de España, actuaron como acompañantes.

En su visita al Centro de Educación Especial Can Rigol, que tuvo lugar a las 11.15, los eurodiputados pasaron aproximadamente cuarenta y cinco minutos recorriendo las instalaciones y conversando con el personal docente. Luego, realizaron una visita similar al Instituto Salvador Dalí, donde actualmente se imparte el 25% de las clases en castellano.

Al concluir la segunda visita, Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, expresó críticas hacia "la presencia de comisarios políticos del departamento de Educación con el objetivo de controlar lo que hablaban los directores de los centros con la misión". Además, destacó la importancia del impacto que tiene el no reconocer los derechos de los hispanohablantes.

Los eurodiputados que integran la misión del Comité de Peticiones incluyen a la presidenta Yana Toom, liberal de Estonia, acompañada por Peter Jahr del partido popular alemán, Kosma Zlotowski del partido ultranacionalista Ley y Justicia de Polonia, y Maria Angela Danzi del Movimiento Cinco Estrellas de Italia. Los miembros acompañantes de la delegación son Dolores Montserrat, presidenta del Comité de Peticiones y del partido popular, Rosa Estaràs y Maite Pagazaurtundúa del Partido Popular, Diana Riba de ERC, y Jorge Buxadé de Vox.

En la tarde, la delegación se reunió con la Fundación Bofill y la asociación Docentes Libres, y sostube encuentros con la consejera de Educación, Anna Simó, el Consejo Escolar y la Inspección, entre otros. Finalmente, durante el día de hoy, la misión llevará a cabo reuniones en la Oficina del Síndico de Greuges y ofrecerá una rueda de prensa para evaluar la totalidad de la visita.

Los eurodiputados denuncian interferencias

Los eurodiputados han informado de una interferencia deliberada por parte de la Generalitat. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo manifestó su desacuerdo ante la intentona de entorpecer la investigación sobre la inmersión lingüística. En este sentido, comunicaron que la selección de los centros educativos fue sometida a votación y respaldada por la mayoría de los diputados, siendo así un plan definitivo que no admite modificaciones

Según fuentes de la delegación, la Consejería de Educación del Gobierno catalán envió a dos altos funcionarios a los dos colegios seleccionados por el Parlamento Europeo. La presencia de estos representantes tenía como objetivo obstaculizar la capacidad de los eurodiputados para realizar preguntas de manera libre a los directores y profesores de las escuelas.

El Director General de Centros de la Generalitat y la jefa de Inspección de la Consejería de Educación comparecieron en los centros sin ser invitados y sin previo aviso a las instituciones europeas. Según testigos, "la gran mayoría" de las preguntas formuladas por los eurodiputados fueron respondidas por estos funcionarios gubernamentales, a pesar de que las preguntas estaban destinadas a los directores de las escuelas con el fin de evaluar la implementación del modelo monolingüe en ambos centros: un instituto donde se imparte el 25% de las clases en castellano en una de sus aulas y un centro de educación especial.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo expresó su descontento ante esta interferencia, destacando que la elección de los centros educativos fue sometida a votación y respaldada por la mayoría de los diputados, lo que la convierte en un plan final que no puede ser modificado. La situación ha generado un debate sobre la transparencia en el proceso de evaluación y la autonomía educativa en Catalunya.