Sant Vicenç presenta un plan para crear vivienda pública y pisos de alquiler para jóvenes

El Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) firmarán un convenio para construir el barrio del Turó pisos en régimen de alquiler accesible expresamente para jóvenes. 

En el documento, que se aprobará en las respectivas juntas de gobierno de las dos administraciones, se propone construir 36 viviendas en la finca del Camí de la Font de Sant Josep número 9. El consistorio cederá gratuitamente esta finca en el Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL), empresa de la AMB, para que se puedan realizar los trámites necesarios para construir los pisos. El IMPSOL llevará a cabo la tramitación y aprobación de un concurso de ideas de arquitectos para seleccionar el proyecto de construcción de las viviendas protegidas.

El suelo que afecta a este objetivo tiene una superficie de 1.572 metros cuadrados, y en él se propone construir 36 viviendas, de uno y dos dormitorios, en una relación 33% y 67% respectivamente. Se trataría de una edificación aislada de planta baja + 2 pisos y el edificio tendría dos accesos a diferentes plantas. Se prevén 39 plazas de aparcamiento y 36 trasteros.

La orientación es Norte-Sur, favoreciendo el soleamiento en las salas de estar-comedor y dormitorio, agrupando las instalaciones y núcleos húmedos en el núcleo central. También se sitúan terrazas en la cara sur del edificio, ampliando el espacio de las viviendas, y creando un alero de protección solar. La superficie construida total se calcula en 2.550 metros cuadrados.

VILA VELLA

El Ayuntamiento también trabaja para crear vivienda pública en diferentes ámbitos del municipio. En este sentido, se ha realizado un estudio para detectar en qué espacios se podría crear vivienda pública de alquiler social en el entorno de Vila Vella. Con esta medida también se impulsará la rehabilitación del barrio de Vila Vella con la construcción de nuevos edificios que sustituirán construcciones obsoletas y fuera de ordenación urbanística.

El informe analiza en detalle la manzana delimitada por la plaza de la Vila y por las calles de Rafael Casanova, Barcelona y Mossèn Josep Duran. En esta isla hay determinadas fincas con necesidad de rehabilitación con construcciones obsoletas o sin uso, y con pocos vecinos y vecinas que residan. Es por ello que se consideran prioritarias para impulsar actuaciones de regeneración urbana, bien por su situación estratégica, bien por sus características físicas y funcionales o por la facilidad de adquisición, por lo que la operación sea viable económicamente. El consistorio haría oferta de compra a los propietarios de estas fincas y construiría vivienda pública de alquiler social.

La isla objeto de estudio está calificada con la clave urbanística 12 (casco antiguo de sustitución de la edificación) y dispone de una profundidad edificable de 11,5 my una altura de planta baja + 1 piso en todo el perímetro, excepto en el frente de la plaza de la Villa, donde se admite planta baja + 3 pisos.

Por otra parte, según este estudio, el espacio interior de la isla se podría plantear como un espacio libre público (calificado de zona verde) para esponjar-la, mejorar las condiciones de soleamiento y iluminación de las viviendas. Este espacio público podría estar conectado con los diferentes calles a través de pasos porticados en planta baja situados en determinadas parcelas estratégicas.

PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL

Por otra parte, el Ayuntamiento ha ampliado la red de pisos de emergencia social distribuidos por los barrios de Vila Vella, Can Ros y la Vinyala. En este sentido, ya se han aprobado inicialmente los proyectos de reforma de tres viviendas más. Concretamente, se adecuarán dos pisos de la segunda planta del edificio de la calle Nova, que se suman a los otros dos de la primera planta ya en funcionamiento desde hace casi dos años. Estas viviendas disponen de espacios comunes a compartir por las diversas familias que viven. Además, el consistorio también reformará un piso en la plaza de Miquel Julià, en este caso unifamiliar. El proyecto de reforma de las viviendas tiene un presupuesto de 250.000 euros.

Los destinatarios de los pisos de emergencia social son familias que por diferentes motivos han perdido la vivienda (alquiler o compra) y se han encontrado en situación de riesgo residencial. Se trata de viviendas que el Ayuntamiento ha comprado por tanteo y retracto, es decir, inmuebles que tenían las entidades bancarias fruto de una expropiación por impago de hipoteca o por dación en pago. Antes de que el banco ponga el piso a la venta, la Generalitat y el Ayuntamiento tienen prioridad de compra. Las familias pagan un precio simbólico para acceder al alquiler, en función de su situación económica y social y deben cumplir con una serie de requisitos.